RECOMENDACIONES GENERALES adoptadas por el Comit� para la Eliminaci髇 de la Discriminaci髇 contra la Mujer

RECOMENDACIONES GENERALES
adoptadas por el Comit� para la
Eliminaci髇 de la Discriminaci髇 contra la Mujer

Reporting guidelines / General recommendations / Country reports

De conformidad con lo dispuesto en el p醨rafo 1 del art韈ulo 21 de la Convenci髇 sobre la eliminaci髇 de todas las formas de discriminaci髇 contra la mujer, el Comit� puede hacer sugerencias y recomendaciones de car醕ter general basadas en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados Partes. Esas sugerencias y recomendaciones de car醕ter general se incluir醤 en el informe del Comit� junto con las observaciones de los Estados Partes, si las hubiere. Hasta la fecha el Comit� ha adoptado un total de 25 recomendaciones generales.

RECOMENDACI覰 GENERAL N� 1 (Quinto per韔do de sesiones, 1986)^*

Los informes iniciales presentados con arreglo al art韈ulo 18 de la Convenci髇 deber醤 abarcar la situaci髇 existente hasta la fecha de presentaci髇. En lo sucesivo, se presentar醤 informes por lo menos cada cuatro a駉s despu閟 de la fecha en que deb韆 presentarse el primer informe y los informes deber醤 incluir los obst醕ulos encontrados para aplicar plenamente la Convenci髇 y las medidas adoptadas para vencerlos.

RECOMENDACI覰 GENERAL N� 2 (Sexto per韔do de sesiones, 1987)^**

El Comit� para la Eliminaci髇 de la Discriminaci髇 contra la Mujer,

Teniendo en cuenta que el Comit� hab韆 tropezado con dificultades debido a que algunos informes iniciales de los Estados Partes, presentados con arreglo al art韈ulo 18 de la Convenci髇, no reflejaban adecuadamente la informaci髇 disponible en el respectivo Estado Parte de conformidad con las Orientaciones,

Recomienda:

a) Que los Estados Partes, al preparar informes con arreglo al art韈ulo 18 de la Convenci髇, sigan las Orientaciones Generales aprobadas en agosto de 1983 (CEDAW/C/7) en cuanto a la forma, el contenido y las fechas de los informes;

b) Que los Estados Partes sigan la Recomendaci髇 general aprobada en 1986 en los siguientes t閞minos:

"Los informes iniciales presentados con arreglo al art韈ulo 18 de la Convenci髇 deber醤 abarcar la situaci髇 existente hasta la fecha de presentaci髇. En lo sucesivo, se presentar醤 informes por lo menos cada cuatro a駉s despu閟 de la fecha en que deb韆 presentarse el primer informe y los informes deber醤 incluir los obst醕ulos encontrados para aplicar plenamente la Convenci髇 y las medidas adoptadas para vencerlos."

c) Que la informaci髇 adicional que complemente el informe de un Estado Parte se env韊 a la Secretar韆 por lo menos tres meses antes del per韔do de sesiones en que se ha de examinar el informe.

RECOMENDACI覰 GENERAL N� 3 (Sexto per韔do de sesiones, 1987)^*

El Comit� para la Eliminaci髇 de la Discriminaci髇 contra la Mujer,

Considerando que desde 1983 ha examinado 34 informes de los Estados Partes,

Considerando adem醩 que, a pesar de que han provenido de Estados con diferentes niveles de desarrollo, los informes contienen aspectos que revelan en distinto grado la existencia de ideas preconcebidas acerca de la mujer, a causa de factores socioculturales que perpet鷄n la discriminaci髇 fundada en el sexo e impiden la aplicaci髇 del art韈ulo 5 de la Convenci髇,

Insta a todos los Estados Partes a adoptar de manera efectiva programas de educaci髇 y divulgaci髇 que contribuyan a eliminar los prejuicios y pr醕ticas corrientes que obstaculizan la plena aplicaci髇 del principio de igualdad social de la mujer.

RECOMENDACI覰 GENERAL N� 4 (Sexto per韔do de sesiones, 1987)^*

El Comit� para la Eliminaci髇 de la Discriminaci髇 contra la Mujer,

Habiendo examinado en sus per韔dos de sesiones los informes de los Estados Partes,

Expresando su preocupaci髇 con respecto al considerable n鷐ero de reservas que parec韆n incompatibles con el objeto y la finalidad de la Convenci髇,

Acoge con benepl醕ito la decisi髇 de los Estados Partes de examinar las reservas en su pr髕imo per韔do de sesiones que se celebrar� en Nueva York en 1988 y, con este fin, sugiere que todos los Estados Partes interesados vuelvan a examinarlas con miras a retirarlas.

RECOMENDACI覰 GENERAL N� 5 (S閜timo per韔do de sesiones, 1988)^**

Medidas especiales temporales

El Comit� para la Eliminaci髇 de la Discriminaci髇 contra la Mujer,

Tomando nota de que los informes, las observaciones introducctorias y las respuestas de los Estados Partes revelan que, si bien se han conseguido progresos apreciables en lo tocante a la revocaci髇 o modificaci髇 de leyes discriminatorias, sigue existiendo la necesidad de que se tomen disposiciones para aplicar plenamente la Convenci髇 introduciendo medidas tendentes a promover de facto la igualdad entre el hombre y la mujer,

Recordando el p醨rafo 1 del art韈ulo 4 de la Convenci髇,

Recomienda que los Estados Partes hagan mayor uso de medidas especiales de car醕ter temporal como la acci髇 positiva, el trato preferencial o los sistemas de cupos para que la mujer se integre en la educaci髇, la econom韆, la pol韙ica y el empleo.

RECOMENDACI覰 GENERAL N� 6 (S閜timo per韔do de sesiones, 1988)^*

Mecanismo nacional efectivo y publicidad

El Comit� para la Eliminaci髇 de la Discriminaci髇 contra la Mujer,

Habiendo examinado los informes de los Estados Partes en la Convenci髇 sobre la eliminaci髇 de todas las formas de discriminaci髇 contra la mujer,

Tomando nota de la resoluci髇 42/60 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 30 de noviembre de 1987,

Recomienda a los Estados Partes que:

1. Establezcan o refuercen mecanismos, instituciones o procedimientos nacionales efectivos, a un nivel gubernamental elevado y con recursos, compromisos y autoridad suficientes para:

a) Asesorar acerca de las repercusiones que tendr醤 sobre la mujer todas las pol韙icas gubernamentales;

b) Supervisar la situaci髇 general de la mujer;

c) Ayudar a formular nuevas pol韙icas y aplicar eficazmente estrategias y medidas encaminadas a eliminar la discriminaci髇;

2. Tomen medidas apropiadas para que se difundan en el idioma de los Estados interesados la Convenci髇, los informes de los Estados Partes en virtud del art韈ulo 18 y los informes del Comit�;

3. Soliciten ayuda al Secretario General y al Departamento de Informaci髇 P鷅lica para que se traduzcan la Convenci髇 y los informes del Comit�;

4. Incluyan en sus informes iniciales y peri骴icos las medidas adoptadas con respecto a esta recomendaci髇.

RECOMENDACI覰 GENERAL N� 7 (S閜timo per韔do de sesiones, 1988)^*

Recursos

El Comit� para la Eliminaci髇 de la Discriminaci髇 contra la Mujer,

Tomando nota de las resoluciones 40/39 y 41/108 de la Asamblea General y, en particular, del p醨rafo 14 de la resoluci髇 42/60, en el cual se invita al Comit� y a los Estados Partes a que estudien la cuesti髇 de la celebraci髇 de futuras reuniones del Comit� en Viena,

Teniendo presente la resoluci髇 42/105 de la Asamblea General y, en particular, su p醨rafo 11, en el cual se pide al Secretario General que mejore la coordinaci髇 entre el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de la Secretar韆 con respecto a la aplicaci髇 de los tratados de derechos humanos y a la prestaci髇 de servicios a los 髍ganos creados en virtud de tratados,

Recomienda a los Estados Partes:

1. Que sigan apoyando propuestas tendientes a reforzar la coordinaci髇 entre el Centro de Derechos Humanos de Ginebra y el Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de Viena con respecto a la prestaci髇 de servicios al Comit�;

2. Que apoyen las propuestas de que el Comit� se re鷑a en Nueva York y Viena;

3. Que tomen todas las medidas necesarias y apropiadas para asegurar que el Comit� disponga de recursos y servicios adecuados, que le presten asistencia en el desempe駉 de las funciones conferidas por la Convenci髇 y, en particular, que se disponga de personal a jornada completa para ayudarlo a preparar sus per韔dos de sesiones y mientras se celebran;

4. Que garanticen que se someter醤 oportunamente a la Secretar韆 los informes y materiales complementarios para que se traduzcan a los idiomas oficiales de las Naciones Unidas a tiempo para ser distribuidos y para que los examine el Comit�.

RECOMENDACI覰 GENERAL N� 8 (S閜timo per韔do de sesiones, 1988)^*

Aplicaci髇 del art韈ulo 8 de la Convenci髇

El Comit� para la Eliminaci髇 de la Discriminaci髇 contra la Mujer,

Habiendo examinado los informes de los Estados Partes sometidos de conformidad con el art韈ulo 18 de la Convenci髇,

Recomienda a los Estados Partes que adopten otras medidas directas de conformidad con el art韈ulo 4 de la Convenci髇 a fin de conseguir la plena aplicaci髇 del art韈ulo 8 de la Convenci髇 y garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminaci髇 alguna, las oportunidades de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en las actividades de las organizaciones internacionales.

RECOMENDACI覰 GENERAL N� 9 (Octavo per韔do de sesiones, 1989)^*

Estad韘ticas relativas a la condici髇 de la mujer

El Comit� para la Eliminaci髇 de la Discriminaci髇 contra la Mujer,

Considerando que la informaci髇 estad韘tica es absolutamente necesaria para comprender la situaci髇 real de la mujer en cada uno de los Estados Partes en la Convenci髇,

Habiendo observado que muchos de los Estados Partes que someten sus informes al Comit� para que los examine no proporcionan estad韘ticas,

Recomienda a los Estados Partes que hagan todo lo posible para asegurar que sus servicios estad韘ticos nacionales encargados de planificar los censos nacionales y otras encuestas sociales y econ髆icas formulen cuestionarios de manera que los datos puedan desglosarse por sexo, en lo que se refiere a n鷐eros absolutos y a porcentajes, para que los usuarios puedan obtener f醕ilmente informaci髇 sobre la situaci髇 de la mujer en el sector concreto en que est閚 interesados.

RECOMENDACI覰 GENERAL N� 10 (Octavo per韔do de sesiones, 1989)^*

D閏imo aniversario de la aprobaci髇 de la Convenci髇 sobre la eliminaci髇 de todas las formas de discriminaci髇 contra la mujer

El Comit� para la Eliminaci髇 de la Discriminaci髇 contra la Mujer,

Considerando que el 18 de diciembre de 1989 es el d閏imo aniversario de la aprobaci髇 de la Convenci髇 sobre la eliminaci髇 de todas las formas de discriminaci髇 contra la mujer,

Considerando adem醩 que en estos diez a駉s se ha puesto de manifiesto que la Convenci髇 es uno de los instrumentos m醩 eficaces que las Naciones Unidas han aprobado para fomentar la igualdad entre los sexos en las sociedades de sus Estados Miembros,

Recordando la Recomendaci髇 general N� 6 (s閜timo per韔do de sesiones, 1988) sobre el mecanismo nacional efectivo y publicidad,

Recomienda que, con ocasi髇 del d閏imo aniversario de la aprobaci髇 de la Convenci髇, los Estados Partes estudien la posibilidad de:

1. Llevar a cabo programas, incluso conferencias y seminarios, para dar publicidad a la Convenci髇 sobre la eliminaci髇 de todas las formas de discriminaci髇 contra la mujer en los principales idiomas y facilitar informaci髇 sobre la Convenci髇 en sus respectivos pa韘es;

2. Invitar a las organizaciones femeninas de sus pa韘es a que cooperen en las campa馻s de publicidad relacionadas con la Convenci髇 y su aplicaci髇 y alienten a las organizaciones no gubernamentales en los planos nacional, regional o internacional a dar publicidad a la Convenci髇 y a su aplicaci髇;

3. Fomentar la adopci髇 de medidas para asegurar la plena aplicaci髇 de los principios de la Convenci髇, en particular de su art韈ulo 8, que se refiere a la participaci髇 de la mujer en todos los aspectos de las actividades de las Naciones Unidas y del sistema de las Naciones Unidas;

4. Pedir al Secretario General de las Naciones Unidas que conmemore el d閏imo aniversario de la aprobaci髇 de la Convenci髇 publicando y divulgando, con la cooperaci髇 de los organismos especializados, materiales impresos y de otra 韓dole relativos a la Convenci髇 y a su aplicaci髇 en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas y preparando documentales sobre la Convenci髇, as� como poniendo a disposici髇 de la Divisi髇 para el Adelanto de la Mujer del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, los recursos necesarios para hacer un an醠isis de la informaci髇 facilitada por los Estados Partes para actualizar y publicar el informe del Comit�, que se public� por primera vez con motivo de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluaci髇 de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, celebrada en Nairobi en 1985 (A/CONF.116/13).

RECOMENDACI覰 GENERAL N� 11 (Octavo per韔do de sesiones, 1989)^*

Servicios de asesoramiento t閏nico sobre las obligaciones en materia de presentaci髇 de informes

El Comit� para la Eliminaci髇 de la Discriminaci髇 contra la Mujer,

Teniendo presente que, al 3 de marzo de 1989, 96 Estados hab韆n ratificado la Convenci髇 sobre la eliminaci髇 de todas las formas de discriminaci髇 contra la mujer,

Teniendo en cuenta que hasta esa fecha se hab韆n recibido 60 informes iniciales y 19 segundos informes peri骴icos,

Observando que 36 informes iniciales y 36 segundos informes peri骴icos ten韆n que haberse presentado el 3 de marzo de 1989 a m醩 tardar, pero no se hab韆n recibido todav韆,

Tomando nota con reconocimiento de que la resoluci髇 43/115 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su p醨rafo 9, pide al Secretario General que organice, dentro de los l韒ites de los recursos existentes y teniendo en cuenta las prioridades del programa de servicios de asesoramiento, nuevos cursos de capacitaci髇 para los pa韘es que experimenten las m醩 serias dificultades en el cumplimiento de sus obligaciones de presentar informes con arreglo a instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos,

Recomienda que los Estados Partes alienten y apoyen los proyectos de servicios de asesoramiento t閏nico y que cooperen en ellos, hasta en seminarios de capacitaci髇, para ayudar a los Estados Partes que lo soliciten a cumplir sus obligaciones en materia de presentaci髇 de informes con arreglo al art韈ulo 18 de la Convenci髇.

RECOMENDACI覰 GENERAL N� 12 (Octavo per韔do de sesiones, 1989)^*

Violencia contra la mujer

El Comit� para la Eliminaci髇 de la Discriminaci髇 contra la Mujer,

Considerando que los art韈ulos 2, 5, 11, 12 y 16 de la Convenci髇 obligan a los Estados Partes a proteger a la mujer contra cualquier tipo de violencia que se produzca en la familia, en el trabajo o en cualquier otro 醡bito de la vida social,

Teniendo en cuenta la resoluci髇 1988/27 del Consejo Econ髆ico y Social,

Recomienda que los Estados Partes que incluyan en sus informes peri骴icos al Comit� informaci髇 sobre:

1. La legislaci髇 vigente para protegerla de la frecuencia de cualquier tipo de violencia en la vida cotidiana (la violencia sexual, malos tratos en el 醡bito familiar, acoso sexual en el lugar de trabajo, etc.);

2. Otras medidas adoptadas para erradicar esa violencia;

3. Servicios de apoyo a las mujeres que sufren agresiones o malos tratos;

4. Datos estad韘ticos sobre la frecuencia de cualquier tipo de violencia contra la mujer y sobre las mujeres v韈timas de la violencia.

RECOMENDACI覰 GENERAL N� 13 (Octavo per韔do de sesiones, 1989)^*

Igual remuneraci髇 por trabajo de igual valor

El Comit� para la Eliminaci髇 de la Discriminaci髇 contra la Mujer,

Recordando el Convenio N� 100 de la Organizaci髇 Internacional del Trabajo relativo a la igualdad de remuneraci髇 entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, que una gran mayor韆 de los Estados Partes en la Convenci髇 sobre la eliminaci髇 de todas las formas de discriminaci髇 contra la mujer ha ratificado,

Recordando tambi閚 que desde 1983 ha examinado 51 informes iniciales y 5 segundos informes peri骴icos de los Estados Partes,

Considerando que, si bien los informes de los Estados Partes indican que el principio de igual remuneraci髇 por trabajo de igual valor ha sido aceptado en la legislaci髇 de muchos pa韘es, a鷑 es necesario realizar actividades para que se aplique, a fin de superar la segregaci髇 por sexos en el mercado de trabajo,

Recomienda a los Estados Partes en la Convenci髇 sobre la eliminaci髇 de todas las formas de discriminaci髇 contra la mujer que:

1. Se aliente a los Estados Partes que a鷑 no lo hayan hecho a que ratifiquen el Convenio N� 100 de la OIT, a fin de aplicar plenamente la Convenci髇 sobre la eliminaci髇 de todas las formas de discriminaci髇 contra la mujer;

2. Consideren la posibilidad de estudiar, fomentar y adoptar sistemas de evaluaci髇 del trabajo sobre la base de criterios neutrales en cuanto al sexo que faciliten la comparaci髇 del valor de los trabajos de distinta 韓dole en que actualmente predominen las mujeres con los trabajos en que actualmente predominen los hombres, y que incluyan los resultados en sus informes al Comit� para la Eliminaci髇 de la Discriminaci髇 contra la Mujer;

3. Apoyen, en lo posible, la creaci髇 de mecanismos de aplicaci髇 y fomenten los esfuerzos de las partes en los convenios colectivos pertinentes por lograr la aplicaci髇 del principio de igual remuneraci髇 por trabajo de igual valor.

RECOMENDACI覰 GENERAL N� 14 (Noveno per韔do de sesiones, 1990)^*

Circuncisi髇 femenina

El Comit� para la Eliminaci髇 de la Discriminaci髇 contra la Mujer,

Preocupado por la continuaci髇 de la pr醕tica de la circuncisi髇 femenina y otras pr醕ticas tradicionales perjudiciales para la salud de la mujer,

Observando con satisfacci髇 que algunos pa韘es donde existen esas pr醕ticas, as� como algunas organizaciones nacionales de mujeres, organizaciones no gubernamentales y organismos especializados como la Organizaci髇 Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Comisi髇 de Derechos Humanos y su Subcomisi髇 de Prevenci髇 de Discriminaciones y Protecci髇 a las Minor韆s, siguen analizando la cuesti髇 y han reconocido en particular que las pr醕ticas tradicionales como la circuncisi髇 femenina tienen graves consecuencias sanitarias y de otra 韓dole para las mujeres y los ni駉s,

Tomando nota con inter閟 del estudio del Relator Especial sobre las pr醕ticas tradicionales que afectan a la salud de las mujeres y los ni駉s, y del estudio del Grupo de Trabajo Especial sobre pr醕ticas tradicionales,

Reconociendo que las propias mujeres est醤 adoptando importantes medidas para individualizar las pr醕ticas que son perjudiciales para la salud y el bienestar de las mujeres y los ni駉s, y para luchar contra esas pr醕ticas,

Convencido de que es necesario que los gobiernos apoyen y alienten las importantes medidas que est醤 adoptando las mujeres y todos los grupos interesados,

Observando con grave preocupaci髇 que persisten las presiones culturales, tradicionales y econ髆icas que contribuyen a perpetuar pr醕ticas perjudiciales, como la circuncisi髇 femenina,

Recomienda a los Estados Partes:

a) Que adopten medidas apropiadas y eficaces encaminadas a erradicar la pr醕tica de la circuncisi髇 femenina. Esas medidas podr韆n incluir lo siguiente:

i) La recopilaci髇 y difusi髇 de datos b醩icos sobre esas pr醕ticas tradicionales por las universidades, las asociaciones de m閐icos o de enfermeras, las organizaciones nacionales de mujeres y otros organismos;

ii) La prestaci髇 de apoyo, a nivel nacional y local, a las organizaciones de mujeres que trabajan en favor de la eliminaci髇 de la circuncisi髇 femenina y otras pr醕ticas perjudiciales para la mujer;

iii) El aliento a los pol韙icos, profesionales, dirigentes religiosos y comunitarios en todos los niveles, entre ellos, los medios de difusi髇 y las artes para que contribuyan a modificar el modo de pensar respecto de la erradicaci髇 de la circuncisi髇 femenina;

iv) La organizaci髇 de programas y seminarios adecuados de ense馻nza y de capacitaci髇 basados en los resultados de las investigaciones sobre los problemas que produce la circuncisi髇 femenina;

b) Que incluyan en sus pol韙icas nacionales de salud estrategias adecuadas orientadas a erradicar la circuncisi髇 femenina de los programas de atenci髇 de la salud p鷅lica. Esas estrategias podr韆n comprender la responsabilidad especial que incumbe al personal sanitario, incluidas las parteras tradicionales, en lo que se refiere a explicar los efectos perjudiciales de la circuncisi髇 femenina;

c) Que soliciten asistencia, informaci髇 y asesoramiento a las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas para apoyar los esfuerzos para eliminar las pr醕ticas tradicionales perjudiciales;

d) Que incluyan en sus informes al Comit�, con arreglo a los art韈ulos 10 y 12 de la Convenci髇 sobre la eliminaci髇 de todas las formas de discriminaci髇 contra la mujer, informaci髇 acerca de las medidas adoptadas para eliminar la circuncisi髇 femenina.

RECOMENDACI覰 GENERAL N� 15 (Noveno per韔do de sesiones, 1990)^*

Necesidad de evitar la discriminaci髇 contra la mujer en las estrategias nacionales de acci髇 preventiva y lucha contra el s韓drome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)

El Comit� para la Eliminaci髇 de la Discriminaci髇 contra la Mujer,

Habiendo examinado la informaci髇 se馻lada sobre los posibles efectos de la pandemia mundial del SIDA y de las estrategias de lucha contra este s韓drome sobre el ejercicio de los derechos de la mujer,

Teniendo en cuenta los informes y materiales preparados por la Organizaci髇 Mundial de la Salud y por otras organizaciones, 髍ganos y organismos de las Naciones Unidas en relaci髇 con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), en particular, la nota presentada por el Secretario General a la Comisi髇 de la Condici髇 Jur韉ica y Social de la Mujer sobre los efectos del SIDA para el adelanto de la mujer y el Documento Final de la Consulta Internacional sobre el SIDA y los Derechos Humanos celebrada en Ginebra del 26 al 28 de julio de 1989,

Tomando nota de la resoluci髇 WHA 41.24 de la Asamblea Mundial de la Salud sobre la necesidad de evitar la discriminaci髇 contra las personas infectadas con el VIH y contra los enfermos de SIDA, de 13 de mayo de 1988, de la resoluci髇 1989/11 de la Comisi髇 de Derechos Humanos sobre la no discriminaci髇 en la esfera de la salud, de 2 de marzo de 1989, y sobre todo de la Declaraci髇 de Par韘 sobre la Mujer, el Ni駉 y el SIDA, de 30 de noviembre de 1989,

Tomando nota de que la Organizaci髇 Mundial de la Salud anunci� que el tema del D韆 Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se celebrar� el 1� de diciembre de 1990, ser� "La mujer y el SIDA",

Recomienda a los Estados Partes:

a) Que intensifiquen las medidas de difusi髇 de informaci髇 para que el p鷅lico conozca el riesgo de infecci髇 con el VIH y el SIDA, sobre todo para las mujeres y los ni駉s, as� como los efectos que acarrean para 閟tos;

b) Que, en los programas de lucha contra el SIDA, presten especial atenci髇 a los derechos y necesidades de las mujeres y los ni駉s y a los factores que se relacionan con la funci髇 de reproducci髇 de la mujer y su posici髇 subordinada en algunas sociedades, lo que la hace especialmente vulnerable al contagio del VIH;

c) Que aseguren que la mujer participe en la atenci髇 primaria de la salud y adopten medidas orientadas a incrementar su papel de proveedoras de cuidados, trabajadoras sanitarias y educadoras en materia de prevenci髇 de la infecci髇 con el VIH;

d) Que, en los informes que preparen en cumplimiento del art韈ulo 12 de la Convenci髇, incluyan informaci髇 acerca de los efectos del SIDA para la situaci髇 de la mujer y de las medidas adoptadas para atender a las necesidades de mujeres infectadas e impedir la discriminaci髇 de las afectadas por el SIDA.

RECOMENDACI覰 GENERAL N� 16 (D閏imo per韔do de sesiones, 1991)^*

Mujeres que trabajan sin remuneraci髇 en empresas familiares rurales y urbanas

El Comit� para la Eliminaci髇 de la Discriminaci髇 contra la Mujer,

Teniendo presentes el inciso c) del art韈ulo 2 y los incisos c), d) y e) del art韈ulo 11 de la Convenci髇 sobre la eliminaci髇 de todas las formas de discriminaci髇 contra la mujer y la Recomendaci髇 general N� 9 (octavo per韔do de sesiones, 1989) sobre las estad韘ticas relativas a la condici髇 de la mujer,

Teniendo en cuenta que en los Estados Partes hay un alto porcentaje de mujeres que trabajan sin remuneraci髇 ni seguridad social ni prestaciones sociales en empresas que suelen ser de propiedad de un var髇 de la familia,

Observando que en general los informes presentados al Comit� para la Eliminaci髇 de la Discriminaci髇 contra la Mujer no se refieren al problema de las mujeres que trabajan sin remuneraci髇 en empresas familiares,

Afirmando que el trabajo no remunerado constituye una forma de explotaci髇 de la mujer que es contraria a la Convenci髇,

Recomienda que los Estados Partes:

a) Incluyan en sus informes al Comit� informaci髇 sobre la situaci髇 jur韉ica y social de las mujeres que trabajan sin remuneraci髇 en empresas familiares;

b) Re鷑an datos estad韘ticos relacionados con las mujeres que trabajan sin remuneraci髇, seguridad social ni prestaciones sociales en empresas de propiedad de un familiar, e incluyan esos datos en sus informes al Comit�;

c) Tomen las medidas necesarias para garantizar remuneraci髇, seguridad social y prestaciones sociales a las mujeres que trabajan sin percibir tales prestaciones en empresas de propiedad de un familiar.

RECOMENDACI覰 GENERAL N� 17 (D閏imo per韔do de sesiones, 1991)^*

Medici髇 y cuantificaci髇 del trabajo dom閟tico no remunerado de la mujer y su reconocimiento en el producto nacional bruto

El Comit� para la Eliminaci髇 de la Discriminaci髇 contra la Mujer,

Teniendo presente el art韈ulo 11 de la Convenci髇 sobre la eliminaci髇 de todas las formas de discriminaci髇 contra la mujer,

Recordando el p醨rafo 120 de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer,

Afirmando que la medici髇 y cuantificaci髇 del trabajo dom閟tico no remunerado de la mujer, el cual contribuye al desarrollo de cada pa韘, ayudar醤 a poner de manifiesto la funci髇 econ髆ica que desempe馻 de hecho la mujer,

Convencido de que dicha medici髇 y cuantificaci髇 proporcionan una base para la formulaci髇 de otras pol韙icas relacionadas con el adelanto de la mujer,

Tomando nota de las deliberaciones celebradas durante el 21� per韔do de sesiones de la Comisi髇 de Estad韘tica de las Naciones Unidas con respecto a la revisi髇 en curso del Sistema de Cuentas Nacionales y a la preparaci髇 de estad韘ticas sobre la mujer,

Recomienda a los Estados Partes que:

a) Alienten y apoyen las investigaciones y los estudios experimentales destinados a medir y valorar el trabajo dom閟tico no remunerado de la mujer, por ejemplo realizando encuestas sobre el empleo del tiempo como parte de sus programas de encuestas nacionales sobre los hogares y reuniendo datos estad韘ticos desglosados por sexo relativos al tiempo empleado en actividades en el hogar y en el mercado de trabajo;

b) De conformidad con las disposiciones de la Convenci髇 sobre la eliminaci髇 de todas las formas de discriminaci髇 contra la mujer y de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer, adopten medidas encaminadas a cuantificar el trabajo dom閟tico no remunerado de la mujer e incluirlo en el producto nacional bruto;

c) Incluyan en sus informes presentados con arreglo al art韈ulo 18 de la Convenci髇 informaci髇 sobre las investigaciones y los estudios experimentales realizados para medir y valorar el trabajo dom閟tico no remunerado de la mujer, as� como sobre los progresos logrados en la incorporaci髇 de dicho trabajo en las cuentas nacionales.

RECOMENDACI覰 GENERAL N� 18 (D閏imo per韔do de sesiones, 1991)^*

Mujeres discapacitadas

El Comit� para la Eliminaci髇 de la Discriminaci髇 contra la Mujer,

Tomando en consideraci髇 particularmente el art韈ulo 3 de la Convenci髇 sobre la eliminaci髇 de todas las formas de discriminaci髇 contra la mujer,

Habiendo examinado m醩 de 60 informes peri骴icos de Estados Partes y habiendo advertido que esos informes proporcionan escasa informaci髇 sobre las mujeres discapacitadas,

Preocupado por la situaci髇 de las mujeres discapacitadas, que sufren de una doble discriminaci髇 por la situaci髇 particular en que viven,

Recordando el p醨rafo 296 de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer, en el que las mujeres discapacitadas se consideran un grupo vulnerable bajo el ep韌rafe "situaciones de especial inter閟",

Expresando su apoyo al Programa Mundial de Acci髇 para los Impedidos (1982),

Recomienda que los Estados Partes incluyan en sus informes peri骴icos informaci髇 sobre las mujeres discapacitadas y sobre las medidas adoptadas para hacer frente a su situaci髇 particular, incluidas las medidas especiales para que gocen de igualdad de oportunidades en materia de educaci髇 y de empleo, servicios de salud y seguridad social y asegurar que puedan participar en todos los aspectos de la vida social y cultural.

RECOMENDACI覰 GENERAL N� 19 (11� per韔do de sesiones, 1992)^**

La violencia contra la mujer

Antecedentes

1. La violencia contra la mujer es una forma de discriminaci髇 que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre.

2. En 1989, el Comit� recomend� que los Estados incluyeran en sus informes informaci髇 sobre la violencia y sobre las medidas adoptadas para hacerle frente (Recomendaci髇 general N� 12, octavo per韔do de sesiones).

3. En el d閏imo per韔do de sesiones, celebrado en 1991, se decidi� dedicar parte del 11� per韔do de sesiones al debate y estudio del art韈ulo 6 y otros art韈ulos de la Convenci髇 relacionados con la violencia contra la mujer, el hostigamiento sexual y la explotaci髇 de la mujer. El tema se eligi� en vista de la celebraci髇 en 1993 de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos convocada por la Asamblea General en su resoluci髇 45/155, de 18 de diciembre de 1990.

4. El Comit� lleg� a la conclusi髇 de que los informes de los Estados Partes no siempre reflejaban de manera apropiada la estrecha relaci髇 entre la discriminaci髇 contra la mujer, la violencia contra ellas, y las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La aplicaci髇 cabal de la Convenci髇 exige que los Estados Partes adopten medidas positivas para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer.

5. El Comit� sugiri� a los Estados Partes que al examinar sus leyes y pol韙icas, y al presentar informes de conformidad con la Convenci髇 tuviesen en cuenta las siguientes observaciones del Comit� con respecto a la violencia contra la mujer.

Observaciones generales

6. El art韈ulo 1 de la Convenci髇 define la discriminaci髇 contra la mujer. Esa definici髇 incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen da駉s o sufrimientos de 韓dole f韘ica, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacci髇 y otras formas de privaci髇 de la libertad. La violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones de la Convenci髇, sin tener en cuenta si hablan expresamente de la violencia.

7. La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de los diversos convenios de derechos humanos, constituye discriminaci髇, como la define el art韈ulo 1 de la Convenci髇. Esos derechos y libertades comprenden:

a) El derecho a la vida;

b) El derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

c) El derecho a protecci髇 en condiciones de igualdad con arreglo a normas humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o interno;

d) El derecho a la libertad y a la seguridad personales;

e) El derecho a igualdad ante la ley;

f) El derecho a igualdad en la familia;

g) El derecho al m醩 alto nivel posible de salud f韘ica y mental;

h) El derecho a condiciones de empleo justas y favorables.

8. La Convenci髇 se aplica a la violencia perpetrada por las autoridades p鷅licas. Esos actos de violencia tambi閚 pueden constituir una violaci髇 de las obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional sobre derechos humanos u otros convenios, adem醩 de violar la Convenci髇.

9. No obstante, cabe subrayar que, de conformidad con la Convenci髇, la discriminaci髇 no se limita a los actos cometidos por los gobiernos o en su nombre (v閍nse los incisos e) y f) del art韈ulo 2 y el art韈ulo 5). Por ejemplo, en virtud del inciso e) del art韈ulo 2 de la Convenci髇, los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminaci髇 contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas. En virtud del derecho internacional y de pactos espec韋icos de derechos humanos, los Estados tambi閚 pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violaci髇 de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las v韈timas.

Observaciones sobre disposiciones concretas de la Convenci髇

Art韈ulos 2 y 3

10. Los art韈ulos 2 y 3 establecen una obligaci髇 amplia de eliminar la discriminaci髇 en todas sus formas, adem醩 de obligaciones espec韋icas en virtud de los art韈ulos 5 a 16.

Inciso f) del art韈ulo 2, art韈ulo 5 e inciso c) del art韈ulo 10

11. Las actitudes tradicionales, seg鷑 las cuales se considera a la mujer como subordinada o se le atribuyen funciones estereotipadas perpet鷄n la difusi髇 de pr醕ticas que entra馻n violencia o coacci髇, como la violencia y los malos tratos en la familia, los matrimonios forzosos, el asesinato por presentar dotes insuficientes, los ataques con 醕ido y la circuncisi髇 femenina. Esos prejuicios y pr醕ticas pueden llegar a justificar la violencia contra la mujer como una forma de protecci髇 o dominaci髇. El efecto de dicha violencia sobre su integridad f韘ica y mental es privarla del goce efectivo, el ejercicio y aun el conocimiento de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Si bien en esta observaci髇 se hace hincapi� en la violencia real o las amenazas de violencia, sus consecuencias b醩icas contribuyen a mantener a la mujer subordinada, a su escasa participaci髇 en pol韙ica y a su nivel inferior de educaci髇 y capacitaci髇 y de oportunidades de empleo.

12. Estas actitudes tambi閚 contribuyen a la difusi髇 de la pornograf韆 y a la representaci髇 y otro tipo de explotaci髇 comercial de la mujer como objeto sexual, antes que como persona. Ello, a su vez, contribuye a la violencia contra la mujer.

Art韈ulo 6

13. En el art韈ulo 6 se exige a los Estados que adopten medidas para suprimir todas las formas de trata y explotaci髇 de la prostituci髇 de la mujer.

14. La pobreza y el desempleo aumentan las oportunidades de trata. Adem醩 de las formas establecidas, hay nuevas formas de explotaci髇 sexual, como el turismo sexual, la contrataci髇 de trabajadoras dom閟ticas de pa韘es en desarrollo en los pa韘es desarrollados y el casamiento de mujeres de los pa韘es en desarrollo con extranjeros. Estas pr醕ticas son incompatibles con la igualdad de derechos y con el respeto a los derechos y la dignidad de las mujeres y las ponen en situaciones especiales de riesgo de sufrir violencia y malos tratos.

15. La pobreza y el desempleo obligan a muchas mujeres, incluso a muchachas, a prostituirse. Las prostitutas son especialmente vulnerables a la violencia porque su condici髇, que puede ser il韈ita, tiende a marginarlas. Necesitan la protecci髇 de la ley contra la violaci髇 y otras formas de violencia.

16. Las guerras, los conflictos armados y la ocupaci髇 de territorios conducen frecuentemente a un aumento de la prostituci髇, la trata de mujeres y actos de agresi髇 sexual contra la mujer, que requiere la adopci髇 de medidas protectoras y punitivas.

Art韈ulo 11

17. La igualdad en el empleo puede verse seriamente perjudicada cuando se las somete a violencia, por su condici髇 de mujeres, por ejemplo, el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo.

18. El hostigamiento sexual incluye un comportamiento de tono sexual tal como contactos f韘icos e insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibici髇 de pornograf韆 y exigencias sexuales, verbales o de hecho. Este tipo de conducta puede ser humillante y puede constituir un problema de salud y de seguridad; es discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer que su negativa podr韆 causarle problemas en el trabajo, en la contrataci髇 o el ascenso inclusive, o cuando crea un medio de trabajo hostil.

Art韈ulo 12

19. El art韈ulo 12 requiere que los Estados Partes adopten medidas que garanticen la igualdad en materia de servicios de salud. La violencia contra la mujer pone en peligro su salud y su vida.

20. En algunos Estados existen pr醕ticas perpetuadas por la cultura y la tradici髇 que son perjudiciales para la salud de las mujeres y los ni駉s. Incluyen restricciones diet閠icas para las mujeres embarazadas, la preferencia por los hijos varones y la circuncisi髇 femenina o mutilaci髇 genital.

Art韈ulo 14

21. Las mujeres de las zonas rurales corren el riesgo de ser v韈timas de violencia a causa de la persistencia de actitudes tradicionales relativas a la subordinaci髇 de la mujer en muchas comunidades rurales. Las ni馻s de esas comunidades corren un riesgo especial de actos de violencia y explotaci髇 sexual cuando dejan la comunidad para buscar trabajo en la ciudad.

Art韈ulo 16 (y art韈ulo 5)

22. La esterilizaci髇 y el aborto obligatorios influyen adversamente en la salud f韘ica y mental de la mujer y violan su derecho a decidir el n鷐ero y el espaciamiento de sus hijos.

23. La violencia en la familia es una de las formas m醩 insidiosas de violencia contra la mujer. Existe en todas las sociedades. En las relaciones familiares, se somete a las mujeres de cualquier edad a violencia de todo tipo, como lesiones, violaci髇, otras formas de violencia sexual, violencia mental y violencia de otra 韓dole, que se ven perpetuadas por las actitudes tradicionales. La falta de independencia econ髆ica obliga a muchas mujeres a permanecer en situaciones violentas. La negaci髇 de sus responsabilidades familiares por parte de los hombres puede ser una forma de violencia y coerci髇. Esta violencia compromete la salud de la mujer y entorpece su capacidad de participar en la vida familiar y en la vida p鷅lica en condiciones de igualdad.

Recomendaciones concretas

24. A la luz de las observaciones anteriores, el Comit� para la Eliminaci髇 de la Discriminaci髇 contra la Mujer recomienda que:

a) Los Estados Partes adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir los actos p鷅licos o privados de violencia por razones de sexo.

b) Los Estados Partes velen por que las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violaci髇, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad. Debe proporcionarse a las v韈timas protecci髇 y apoyo apropiados. Es indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden p鷅lico y otros funcionarios p鷅licos para que apliquen la Convenci髇.

c) Los Estados Partes alienten la recopilaci髇 de estad韘ticas y la investigaci髇 de la amplitud, las causas y los efectos de la violencia y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder a ella.

d) Se adopten medidas eficaces para garantizar que los medios de comunicaci髇 respeten a la mujer y promuevan el respeto de la mujer.

e) En los informes que presenten, los Estados Partes individualicen la 韓dole y el alcance de las actitudes, costumbres y pr醕ticas que perpet鷄n la violencia contra la mujer, y el tipo de violencia que engendran. Se debe informar sobre las medidas que hayan tomado para superar la violencia y sobre los resultados obtenidos.

f) Se adopten medidas eficaces para superar estas actitudes y pr醕ticas. Los Estados deben introducir programas de educaci髇 y de informaci髇 que ayuden a suprimir prejuicios que obstaculizan el logro de la igualdad de la mujer (Recomendaci髇 N� 3, 1987).

g) Se adopten medidas preventivas y punitivas para acabar la trata de mujeres y la explotaci髇 sexual.

h) En sus informes, los Estados Partes describan la magnitud de todos estos problemas y las medidas, hasta disposiciones penales y medidas preventivas o de rehabilitaci髇, que se hayan adoptado para proteger a las mujeres que se prostituyan o sean v韈timas de trata y de otras formas de explotaci髇 sexual. Tambi閚 deber� darse a conocer la eficacia de estas medidas.

i) Se prevean procedimientos eficaces de denuncia y reparaci髇, la indemnizaci髇 inclusive.

j) Los Estados Partes incluyan en sus informes datos sobre el hostigamiento sexual y sobre las medidas adoptadas para proteger a la mujer del hostigamiento sexual y de otras formas de violencia o coacci髇 en el lugar de trabajo.

k) Los Estados Partes establezcan o apoyen servicios destinados a las v韈timas de violencia en el hogar, violaciones, violencia sexual y otras formas de violencia contra la mujer, entre ellos refugios, el empleo de trabajadores sanitarios especialmente capacitados, rehabilitaci髇 y asesoramiento.

l) Los Estados Partes adopten medidas para poner fin a estas pr醕ticas y tengan en cuenta las recomendaciones del Comit� sobre la circuncisi髇 femenina (Recomendaci髇 N� 14) al informar sobre cuestiones relativas a la salud.

m) Los Estados Partes aseguren que se tomen medidas para impedir la coacci髇 con respecto a la fecundidad y la reproducci髇, y para que las mujeres no se vean obligadas a buscar procedimientos m閐icos riesgosos, como abortos ilegales, por falta de servicios apropiados en materia de control de la natalidad.

n) Los Estados Partes den a conocer en sus informes la amplitud de estos problemas e indiquen las medidas que hayan adoptado y sus resultados.

o) Los Estados Partes garanticen que en las zonas rurales los servicios para v韈timas de la violencia sean asequibles a las mujeres y que, de ser necesario, se presten servicios especiales a las comunidades aisladas.

p) Las medidas destinadas a proteger de la violencia incluyan las oportunidades de capacitaci髇 y empleo y la supervisi髇 de las condiciones de trabajo de empleadas dom閟ticas.

q) Los Estados Partes informen acerca de los riesgos para las mujeres de las zonas rurales, la amplitud y la 韓dole de la violencia y los malos tratos a que se las somete y su necesidad de apoyo y otros servicios y la posibilidad de conseguirlos, y acerca de la eficacia de las medidas para superar la violencia.

r) Entre las medidas necesarias para resolver el problema de la violencia en la familia figuren las siguientes:

i) sanciones penales en los casos necesarios y recursos civiles en caso de violencia en el hogar;

ii) legislaci髇 que elimine la defensa del honor como justificaci髇 para atacar a las mujeres de la familia o darles muerte;

iii) servicios, entre ellos, refugios, asesoramiento y programas de rehabilitaci髇, para garantizar que las v韈timas de violencia en la familia est閚 sanas y salvas;

iv) programas de rehabilitaci髇 para los culpables de violencia en el hogar;

v) servicios de apoyo para las familias en las que haya habido un caso de incesto o de abuso deshonesto.

s) Los Estados Partes informen acerca de la amplitud de la violencia en el hogar y el abuso deshonesto y sobre las medidas preventivas, punitivas y correctivas que hayan adoptado.

t) Los Estados Partes adopten todas las medidas jur韉icas y de otra 韓dole que sean necesarias para proteger eficazmente a las mujeres contra la violencia, entre ellas:

i) medidas jur韉icas eficaces, como sanciones penales, recursos civiles e indemnizaci髇 para protegerlas contra todo tipo de violencia, hasta la violencia y los malos tratos en la familia, la violencia sexual y el hostigamiento en el lugar de trabajo;

ii) medidas preventivas, entre ellas programas de informaci髇 y educaci髇 para modificar las actitudes relativas al papel y la condici髇 del hombre y de la mujer;

iii) medidas de protecci髇, entre ellas refugios, asesoramiento, rehabilitaci髇 y servicios de apoyo para las mujeres que son v韈timas de violencia o que se encuentren en peligro de serlo.

u) Los Estados Partes informen sobre todas las formas de violencia contra la mujer e incluyan todos los datos de que dispongan acerca de la frecuencia de cada una y de sus efectos para las mujeres v韈timas.

v) Los informes de los Estados Partes incluyan informaci髇 acerca de las medidas jur韉icas y de prevenci髇 y protecci髇 que se hayan adoptado para superar el problema de la violencia contra la mujer y acerca de la eficacia de esas medidas.

RECOMENDACI覰 GENERAL N� 20 (11� per韔do de sesiones, 1992)^*

Reservas formuladas en relaci髇 con la Convenci髇

1. El Comit� record� la decisi髇 de la Cuarta Reuni髇 de los Estados Partes sobre las reservas formuladas en relaci髇 con la Convenci髇 conforme al p醨rafo 2 del art韈ulo 28, que fue acogida con benepl醕ito en virtud de la Recomendaci髇 general N� 4 del Comit�.

2. El Comit� recomend� que, en relaci髇 con los preparativos de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos que se celebrar� en 1993, los Estados Partes:

a) Planteen la cuesti髇 de la validez y los efectos jur韉icos de las reservas formuladas en relaci髇 con reservas respecto de otros tratados de derechos humanos;

b) Vuelvan a examinar esas reservas con vistas a reforzar la aplicaci髇 de todos los tratados de derechos humanos;

c) Consideren la posibilidad de introducir un procedimiento para la formulaci髇 de reservas en relaci髇 con la Convenci髇 comparable a los de otros tratados de derechos humanos.

RECOMENDACI覰 GENERAL N� 21 (13� per韔do de sesiones, 1994)^*

La igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares

1. La Convenci髇 sobre la eliminaci髇 de todas las formas de discriminaci髇 contra la mujer (resoluci髇 34/180 de la Asamblea General, anexo) afirma la igualdad de derechos del hombre y la mujer en la sociedad y la familia. La Convenci髇 ocupa un lugar importante entre los tratados internacionales relacionados con los derechos humanos.

2. Otras convenciones y declaraciones tambi閚 dan gran importancia a la familia y a la situaci髇 de la mujer en el seno de la familia. Entre ellas se cuentan la Declaraci髇 Universal de Derechos Humanos (resoluci髇 217 A (III) de la Asamblea General), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol韙icos (resoluci髇 2200 A (XXI), anexo), la Convenci髇 sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada (resoluci髇 1040 (XI), anexo), la Convenci髇 sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad m韓ima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios (resoluci髇 1763 A (XVII), anexo) y la subsiguiente recomendaci髇 al respecto (resoluci髇 2018 (XX)), y las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer.

3. La Convenci髇 sobre la eliminaci髇 de todas las formas de discriminaci髇 contra la mujer recuerda los derechos inalienables de la mujer que ya est醤 consagrados en las convenciones y declaraciones mencionadas, pero va a鷑 m醩 lejos al reconocer que la cultura y las tradiciones pueden tener importancia en el comportamiento y la mentalidad de los hombres y las mujeres y que cumplen un papel significativo en la limitaci髇 del ejercicio de los derechos fundamentales de la mujer.

Antecedentes

4. En su resoluci髇 44/82, la Asamblea General ha designado 1994 A駉 Internacional de la Familia. El Comit� desea aprovechar la oportunidad para subrayar la importancia del ejercicio de los derechos fundamentales de la mujer en el seno de la familia como una de las medidas de apoyo y fomento de las celebraciones que tendr醤 lugar en los distintos pa韘es.

5. Habiendo optado por esta forma de celebrar el A駉 Internacional de la Familia, el Comit� desea analizar tres art韈ulos en la Convenci髇 que revisten especial importancia para la situaci髇 de la mujer en la familia:

Art韈ulo 9

1. Los Estados Partes otorgar醤 a las mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizar醤, en particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio cambien autom醫icamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en ap醫rida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del c髇yuge.

2. Los Estados Partes conceder醤 a la mujer los mismos derechos que al hombre con respecto a la nacionalidad de sus hijos.

Comentario

6. La nacionalidad es esencial para la plena participaci髇 en la sociedad. En general, los Estados confieren la nacionalidad a quien nace en el pa韘. La nacionalidad tambi閚 puede adquirirse por el hecho de residir en un pa韘 o por razones humanitarias, como en el caso de la apatridia. Una mujer que no posea la ciudadan韆 carece de derecho de voto, no puede ocupar cargos p鷅licos y puede verse privada de prestaciones sociales y del derecho a elegir su residencia. Una mujer adulta deber韆 ser capaz de cambiar su nacionalidad y no deber韆 priv醨sele arbitrariamente de ella como consecuencia del matrimonio o la disoluci髇 de 閟te o del cambio de nacionalidad del marido o del padre.

Art韈ulo 15

1. Los Estados Partes reconocer醤 la igualdad de la mujer ante la ley con el hombre.

2. Los Estados Partes reconocer醤 a la mujer, en materias civiles, una capacidad jur韉ica id閚tica a la del hombre y las mismas oportunidades de ejercerla. En particular, le reconocer醤 la igualdad de derechos para firmar contratos y administrar bienes y la tratar醤 en pie de igualdad en todas las etapas de las actuaciones en cortes de justicia y tribunales.

3. Los Estados Partes convienen en que se considerar� nulo todo contrato o cualquier otro instrumento privado con efecto jur韉ico que tienda a limitar la capacidad jur韉ica de la mujer se considerar� nulo.

4. Los Estados Partes reconocer醤 al hombre y a la mujer los mismos derechos con respecto a la legislaci髇 relativa al derecho de las personas a circular libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.

Comentario

7. Cuando la mujer no puede celebrar un contrato en absoluto, ni pedir cr閐itos, o s髄o puede hacerlo con el consentimiento o el aval del marido o un pariente var髇, se le niega su autonom韆 jur韉ica. Toda restricci髇 de este g閚ero le impide poseer bienes como propietaria exclusiva y le imposibilita la administraci髇 legal de sus propios negocios o la celebraci髇 de cualquier otro tipo de contrato. Las restricciones de esta 韓dole limitan seriamente su capacidad de proveer a sus necesidades o las de sus familiares a cargo.

8. En algunos pa韘es, el derecho de la mujer a litigar est� limitado por la ley o por su acceso al asesoramiento jur韉ico y su capacidad de obtener una reparaci髇 en los tribunales. En otros pa韘es, se respeta o da menos importancia a las mujeres en calidad de testigos o las pruebas que presenten que a los varones. Tales leyes o costumbres coartan efectivamente el derecho de la mujer a tratar de obtener o conservar una parte igual del patrimonio y menoscaban su posici髇 de miembro independiente, responsable y valioso de la colectividad a que pertenece. Cuando los pa韘es limitan la capacidad jur韉ica de una mujer mediante sus leyes, o permiten que los individuos o las instituciones hagan otro tanto, le est醤 negando su derecho a la igualdad con el hombre y limitan su capacidad de proveer a sus necesidades y las de sus familiares a cargo.

9. El domicilio es un concepto en los pa韘es de common law que se refiere al pa韘 en que una persona se propone residir y a cuya jurisdicci髇 se someter�. El domicilio originalmente es adquirido por un ni駉 por medio de sus padres, pero en la vida adulta es el pa韘 en que reside normalmente una persona y en que se propone vivir permanentemente. Como en el caso de la nacionalidad, el examen de los informes de los Estados Partes demuestra que a una mujer no siempre se le permitir� escoger su propio domicilio conforme a la ley. Una mujer adulta deber韆 poder cambiar a voluntad de domicilio, al igual que de nacionalidad, independientemente de su estado civil. Toda restricci髇 de su derecho a escoger su domicilio en las mismas condiciones que el hombre puede limitar sus posibilidades de recurrir a los tribunales en el pa韘 en que vive o impedir que entre a un pa韘 o salga libremente de 閘 por cuenta propia.

10. A las mujeres migrantes que viven y trabajan temporalmente en otro pa韘 deber韆n otorg醨seles los mismos derechos que a los hombres de reunirse con sus c髇yuges, compa馿ros o hijos.

Art韈ulo 16

1. Los Estados Partes adoptar醤 todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminaci髇 contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurar醤, en condiciones de igualdad con el hombre:

a) El derecho para contraer matrimonio;

b) El derecho para elegir libremente c髇yuge y contraer matrimonio s髄o por su libre albedr韔 y con su pleno consentimiento;

c) Los derechos y responsabilidades durante el matrimonio y al disolverse 閟te;

d) Los derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos ser醤 la consideraci髇 primordial;

e) Los derechos a decidir libre y responsablemente el n鷐ero de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a recibir informaci髇, una educaci髇 y los medios que les permitan ejercer estos derechos;

f) Los derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y adopci髇 de hijos, o instituciones an醠ogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislaci髇 nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos ser醤 la consideraci髇 primordial;

g) Los derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, profesi髇 y ocupaci髇;

h) Los derechos en el matrimonio en materia de bienes, adquisici髇, gesti髇, administraci髇, goce y disposici髇 de los bienes, tanto a t韙ulo gratuito como oneroso.

2. No tendr醤 ning鷑 efecto jur韉ico los esponsales o el matrimonio de ni駉s y se adoptar醤 todas las medidas necesarias, de car醕ter legislativo inclusive, para fijar una edad m韓ima para el matrimonio y para hacer obligatoria su inscripci髇 oficial.

Comentario

Vida p鷅lica y privada

11. Hist髍icamente, la actividad humana en las esferas p鷅lica y privada se ha considerado de manera diferente y se ha reglamentado en consecuencia. En todas las sociedades, por mucho tiempo se han considerado inferiores las actividades de las mujeres que, tradicionalmente, han desempe馻do su papel en la esfera privada o dom閟tica.

12. Puesto que dichas actividades tienen un valor inestimable para la supervivencia de la sociedad, no puede haber justificaci髇 para aplicarles leyes o costumbres diferentes y discriminatorias. Los informes de los Estados Partes ponen de manifiesto que existen todav韆 pa韘es en los que no hay igualdad de jure. Con ello se impide que la mujer goce de igualdad en materia de recursos y en la familia y la sociedad. Incluso cuando existe la igualdad de jure, en todas las sociedades se asignan a la mujer funciones diferentes, que se consideran inferiores. De esta forma, se conculcan los principios de justicia e igualdad que figuran en particular en el art韈ulo 16 y en los art韈ulos 2, 5 y 24 de la Convenci髇.

Diversas formas de familia

13. La forma y el concepto de familia var韆n de un Estado a otro y hasta de una regi髇 a otra en un mismo Estado. Cualquiera que sea la forma que adopte y cualesquiera que sean el ordenamiento jur韉ico, la religi髇, las costumbres o la tradici髇 en el pa韘, el tratamiento de la mujer en la familia tanto ante la ley como en privado debe conformarse con los principios de igualdad y justicia para todas las personas, como lo exige el art韈ulo 2 de la Convenci髇.

Poligamia

14. En los informes de los Estados Partes tambi閚 se pone de manifiesto que la poligamia se practica en varios pa韘es. La poligamia infringe el derecho de la mujer a la igualdad con el hombre y puede tener consecuencias emocionales y econ髆icas, tan graves para ella, al igual que para sus familiares a cargo, que debe desalentarse y prohibirse. El Comit� observa con preocupaci髇 que algunos Estados Partes, en cuyas constituciones se garantiza la igualdad de derechos, permiten la poligamia de conformidad con el derecho de la persona o el derecho consuetudinario, lo que infringe los derechos constitucionales de la mujer y viola las disposiciones del inciso a) del art韈ulo 5 de la Convenci髇.

Incisos a) y b) del p醨rafo 1 del art韈ulo 16

15. Si bien la mayor韆 de los pa韘es informan de que las constituciones y leyes nacionales acatan la Convenci髇, las costumbres, la tradici髇 y la falta de cumplimiento de estas leyes en realidad contravienen la Convenci髇.

16. El derecho a elegir su c髇yuge y la libertad de contraer matrimonio son esenciales en la vida de la mujer y para su dignidad e igualdad como ser humano. De un examen de los informes de los Estados Partes se desprende que hay pa韘es que permiten que las mujeres contraigan matrimonios obligados en primeras o segundas nupcias, sobre la base de la costumbre, las creencias religiosas o el origen 閠nico de determinados grupos. En otros pa韘es, se permite decidir el matrimonio de la mujer a cambio de pagos o de ventajas y, en otros, la pobreza obliga a algunas mujeres a casarse con extranjeros para tener seguridad econ髆ica. A reserva de ciertas restricciones razonables basadas, por ejemplo, en la corta edad de la mujer o en la consanguinidad con su c髇yuge, se debe proteger y hacer cumplir conforme a la ley su derecho a decidir si se casa, cu醤do y con qui閚.

Inciso c) del p醨rafo 1 del art韈ulo 16

17. Un examen de los informes de los Estados Partes revela que el ordenamiento jur韉ico de muchos pa韘es dispone los derechos y las obligaciones de los c髇yuges sobre la base de los principios del common law, del derecho religioso o del derecho consuetudinario, en lugar de los principios contenidos en la Convenci髇. Esta diversidad en la normativa y la pr醕tica relativas al matrimonio tiene consecuencias de gran amplitud para la mujer, que invariablemente limitan su derecho a la igualdad de situaci髇 y de obligaciones en el matrimonio. Esa limitaci髇 suele ser causa de que se considere al esposo como cabeza de familia y como principal encargado de la adopci髇 de decisiones y, por lo tanto, infringe las disposiciones de la Convenci髇.

18. Adem醩, por lo general, no se concede protecci髇 legislativa alguna al amancebamiento. La ley deber韆 proteger la igualdad de las mujeres amancebadas en la vida familiar y en la repartici髇 de los ingresos y los bienes. Deber韆n gozar de igualdad de derechos y obligaciones con los hombres en el cuidado y la crianza de los hijos o familiares a cargo.

Incisos d) y f) del p醨rafo 1 del art韈ulo 16

19. Seg鷑 se dispone en el inciso b) del art韈ulo 5, la mayor韆 de los pa韘es reconocen que los progenitores comparten sus obligaciones respecto del cuidado, la protecci髇 y el mantenimiento de los hijos. El principio de que "los intereses de los hijos ser醤 la consideraci髇 primordial" se ha incluido en la Convenci髇 sobre los Derechos del Ni駉 (resoluci髇 44/25 de la Asamblea General, anexo) y parece tener aceptaci髇 universal. En la pr醕tica, sin embargo, algunos pa韘es no respetan el principio de igualdad de los padres de familia, especialmente cuando no est醤 casados. Sus hijos no siempre gozan de la misma condici髇 jur韉ica que los nacidos dentro del matrimonio y, cuando las madres est醤 divorciadas o viven separadas, muchas veces los padres no comparten las obligaciones del cuidado, la protecci髇 y el mantenimiento de sus hijos.

20. Los derechos y las obligaciones compartidos enunciados en la Convenci髇 deben poder imponerse conforme a la ley y, cuando proceda, mediante las instituciones de la tutela, la curatela, la custodia y la adopci髇. Los Estados Partes deber韆n velar por que conforme a sus leyes, ambos padres, sin tener en cuenta su estado civil o si viven con sus hijos, compartan los derechos y las obligaciones con respecto a ellos en pie de igualdad.

Inciso e) del p醨rafo 1 del art韈ulo 16

21. Las obligaciones de la mujer de tener hijos y criarlos afectan a su derecho a la educaci髇, al empleo y a otras actividades referentes a su desarrollo personal, adem醩 de imponerle una carga de trabajo injusta. El n鷐ero y espaciamiento de los hijos repercuten de forma an醠oga en su vida y tambi閚 afectan su salud f韘ica y mental, as� como la de sus hijos. Por estas razones, la mujer tiene derecho a decidir el n鷐ero y el espaciamiento de los hijos que tiene.

22. En algunos informes se revelan pr醕ticas coercitivas que tienen graves consecuencias para la mujer, como el embarazo, el aborto o la esterilizaci髇 forzados. La decisi髇 de tener hijos, si bien de preferencia debe adoptarse en consulta con el c髇yuge o el compa馿ro, no debe, sin embargo, estar limitada por el c髇yuge, el padre, el compa馿ro o el gobierno. A fin de adoptar una decisi髇 con conocimiento de causa respecto de medidas anticonceptivas seguras y fiables, las mujeres deben tener informaci髇 acerca de las medidas anticonceptivas y su uso, as� como garant韆s de recibir educaci髇 sexual y servicios de planificaci髇 de la familia, seg鷑 dispone el inciso h) del art韈ulo 10 de la Convenci髇.

23. Hay amplio acuerdo en que cuando se dispone libremente de medidas apropiadas para la regulaci髇 voluntaria de la fecundidad, mejoran la salud, el desarrollo y el bienestar de todas las personas de la familia. Adem醩, estos servicios mejoran la calidad general de la vida y la salud de la poblaci髇, y la regulaci髇 voluntaria del crecimiento demogr醘ico ayuda a conservar el medio ambiente y a alcanzar un desarrollo econ髆ico y social duradero.

Inciso g) del p醨rafo 1 del art韈ulo 16

24. Los principios de equidad, justicia y plena realizaci髇 de todos son la base de una familia estable. Por consiguiente, marido y mujer deben tener el derecho de elegir su profesi髇 u ocupaci髇 con arreglo a su propia capacidad, aptitudes o aspiraciones, seg鷑 disponen los incisos a) y c) del art韈ulo 11 de la Convenci髇. Adem醩, cada uno debe tener el derecho a escoger su nombre para conservar su individualidad e identidad dentro de la comunidad y poder distinguirlo de los dem醩 miembros de la sociedad. Cuando la ley o las costumbres obligan a una mujer a cambiar de nombre con ocasi髇 del matrimonio o de la disoluci髇 de 閟te, se le deniega este derecho.

Inciso h) del p醨rafo 1 del art韈ulo 16

25. Los derechos enunciados en este art韈ulo coinciden con los enunciados en el p醨rafo 2 del art韈ulo 15, que impone a los Estados la obligaci髇 de reconocer a la mujer iguales derechos para concertar contratos y administrar bienes, y los completan.

26. El p醨rafo 1 del art韈ulo 15 garantiza la igualdad ante la ley de hombres y mujeres. El derecho de la mujer a la propiedad, la administraci髇 y la disposici髇 de los bienes es fundamental para que pueda tener independencia econ髆ica y en muchos pa韘es ser� de cr韙ica importancia para que pueda ganarse la vida y tener una vivienda y alimentaci髇 adecuadas para ella y para su familia.

27. En los pa韘es que est醤 ejecutando un programa de reforma agraria o de redistribuci髇 de la tierra entre grupos de diferente origen 閠nico, debe respetarse cuidadosamente el derecho de la mujer, sin tener en cuenta su estado civil, a poseer una parte igual que la del hombre de la tierra redistribuida.

28. En la mayor韆 de los pa韘es, hay una proporci髇 significativa de mujeres solteras o divorciadas que pueden tener la obligaci髇 exclusiva de sostener a una familia. Evidentemente, es poco realista toda discriminaci髇 en la repartici髇 de la tierra basada en la premisa de que solamente el hombre tiene la obligaci髇 de sostener a las mujeres y a los ni駉s de su familia y de que va a hacer honor a esta obligaci髇. En consecuencia, toda ley o costumbre que conceda al hombre el derecho a una mayor parte del patrimonio al extinguirse el matrimonio o el amancebamiento o al fallecer un pariente es discriminatoria y tendr� graves repercusiones en la capacidad pr醕tica de la mujer para divorciarse, para mantenerse, para sostener a su familia o para vivir dignamente como persona independiente.

29. Todos estos derechos deber韆n garantizarse sin tener en cuenta el estado civil de la mujer.

Bienes en el matrimonio

30. Hay pa韘es que no reconocen a la mujer el derecho a la misma parte de los bienes que el marido durante el matrimonio o el amancebamiento, ni cuando terminan. Muchos reconocen este derecho, pero es posible que precedentes legales o las costumbres coarten su capacidad pr醕tica para ejercerlo.

31. Aunque la ley confiera a la mujer este derecho y aunque los tribunales lo apliquen, el hombre puede administrar los bienes de propiedad de la mujer durante el matrimonio o en el momento del divorcio. En muchos Estados, hasta los que reconocen la comunidad de bienes, no existe la obligaci髇 legal de consultar a la mujer cuando la propiedad que pertenezca a las dos partes en el matrimonio o el amancebamiento se venda o se enajene de otro modo. Esto limita la capacidad de la mujer para controlar la enajenaci髇 de la propiedad o los ingresos procedentes de su venta.

32. En algunos pa韘es, al dividirse la propiedad conyugal, se atribuye mayor importancia a las contribuciones econ髆icas al patrimonio efectuadas durante el matrimonio que a otras aportaciones como la educaci髇 de los hijos, el cuidado de los parientes ancianos y las faenas dom閟ticas. Con frecuencia, estas otras contribuciones de la mujer hacen posible que el marido obtenga ingresos y aumente los haberes. Deber韆 darse la misma importancia a todas las contribuciones, econ髆icas o no.

33. En muchos pa韘es, los bienes acumulados durante el amancebamiento no reciben el mismo trato legal que los bienes adquiridos durante el matrimonio. Invariablemente, cuando termina la relaci髇, la mujer recibe una parte considerablemente menor que el hombre. Las leyes y las costumbres sobre la propiedad que discriminan de esta forma a las mujeres casadas o solteras, con o sin hijos, deben revocarse y desalentarse.

Sucesiones

34. Los informes de los Estados Partes deber韆n incluir comentarios sobre las disposiciones legales o consuetudinarias relativas a los derechos sucesorios que afectan la situaci髇 de la mujer, como se dispone en la Convenci髇 y en la resoluci髇 884 D (XXXIV) del Consejo Econ髆ico y Social, en la que se recomendaba a los Estados que adoptasen las medidas necesarias para garantizar la igualdad de derechos sucesorios de hombres y mujeres, disponiendo que unos y otros, dentro del mismo grado de parentesco con el causante, tengan la misma parte en la herencia y el mismo rango en el orden de sucesi髇. Esta disposici髇 generalmente no se ha aplicado.

35. Hay muchos pa韘es en los que la legislaci髇 y la pr醕tica en materia de sucesiones y bienes redundan en graves discriminaciones contra la mujer. Esta desigualdad de trato puede hacer que las mujeres reciban una parte m醩 peque馻 del patrimonio del marido o del padre, en caso de fallecimiento de 閟tos, que los viudos y los hijos. En algunos casos, no se reconoce a la mujer m醩 que un derecho limitado y controlado a recibir determinados ingresos con cargo al patrimonio del difunto. Con frecuencia, los derechos de sucesi髇 de la viuda no reflejan el principio de la igualdad en la propiedad de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Dichas disposiciones violan la Convenci髇 y deber韆n abolirse.

P醨rafo 2 del art韈ulo 16

36. En la Declaraci髇 y Programa de Acci髇 de Viena aprobados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena del 14 al 25 de junio de 1993, se inst� a los Estados a que derogaran leyes y reglamentos en vigor y a que eliminaran las costumbres y pr醕ticas que fueran discriminatorias y perjudiciales para las ni馻s. El p醨rafo 2 del art韈ulo 16 y las disposiciones de la Convenci髇 sobre los Derechos del Ni駉 impiden que los Estados Partes permitan o reconozcan el matrimonio entre personas que no hayan alcanzado la mayor韆 de edad. En el contexto de la Convenci髇 sobre los Derechos del Ni駉, "se entiende por ni駉 todo ser humano menor de 18 a駉s de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayor韆 de edad". A pesar de esta definici髇 y teniendo presentes las disposiciones de la Declaraci髇 de Viena, el Comit� considera que la edad m韓ima para contraer matrimonio debe ser de 18 a駉s tanto para el hombre como para la mujer. Al casarse, ambos asumen importantes obligaciones. En consecuencia, no deber韆 permitirse el matrimonio antes de que hayan alcanzado la madurez y la capacidad de obrar plenas. Seg鷑 la Organizaci髇 Mundial de la Salud, cuando los menores de edad, especialmente las ni馻s se casan y tienen hijos, su salud puede verse afectada desfavorablemente y se entorpece su educaci髇. Como resultado, se restringe su autonom韆 econ髆ica.

37. Esto no s髄o afecta a la mujer personalmente, sino tambi閚 limita el desarrollo de sus aptitudes e independencia y reduce las oportunidades de empleo, con lo que perjudica a su familia y su comunidad.

38. En algunos pa韘es se fijan diferentes edades para el matrimonio para el hombre y para la mujer. Puesto que dichas disposiciones suponen incorrectamente que la mujer tiene un ritmo de desarrollo intelectual diferente al del hombre, o que su etapa de desarrollo f韘ico e intelectual al contraer matrimonio carece de importancia, deber韆n abolirse. En otros pa韘es, se permiten los esponsales de ni馻s o los compromisos contra韉os en su nombre por familiares. Estas medidas no s髄o contravienen la Convenci髇, sino tambi閚 infringen el derecho de la mujer a elegir libremente c髇yuge.

39. Los Estados Partes deben tambi閚 exigir la inscripci髇 de todos los matrimonios, tanto los civiles como los contra韉os de conformidad con costumbres o leyes religiosas. De esa forma, el Estado podr� asegurar la observancia de la Convenci髇 e instituir la igualdad entre los c髇yuges, la edad m韓ima para el matrimonio, la prohibici髇 de la bigamia o la poligamia y la protecci髇 de los derechos de los hijos.

Recomendaciones

La violencia contra la mujer

40. Al examinar el lugar de la mujer en la vida familiar, el Comit� desea subrayar que las disposiciones de la Recomendaci髇 general N� 19 (11� per韔do de sesiones), relativa a la violencia contra la mujer, son de gran importancia para que la mujer pueda disfrutar de sus derechos y libertades en condiciones de igualdad. Se insta a los Estados Partes a aplicar esta Recomendaci髇 general a fin de que, en la vida p鷅lica y la vida familiar, las mujeres no sean objeto de violencia por raz髇 de su sexo, lo que las priva de manera grave de sus derechos y libertades individuales.

Reservas

41. El Comit� ha observado con alarma el n鷐ero de Estados Partes que han formulado reservas respecto del art韈ulo 16 en su totalidad o en parte, especialmente cuando tambi閚 han formulado una reserva respecto del art韈ulo 2, aduciendo que la observancia de este art韈ulo puede estar en contradicci髇 con una visi髇 com鷑mente percibida de la familia basada, entre otras cosas, en creencias culturales o religiosas o en las instituciones econ髆icas o pol韙icas del pa韘.

42. Muchos de estos pa韘es mantienen una creencia en la estructura patriarcal de la familia, que sit鷄 al padre, al esposo o al hijo var髇 en situaci髇 favorable. En algunos pa韘es en que las creencias fundamentalistas u otras creencias extremistas o bien la penuria econ髆ica han estimulado un retorno a los valores y las tradiciones antiguas, el lugar de la mujer en la familia ha empeorado notablemente. En otros, en que se ha reconocido que una sociedad moderna depende para su adelanto econ髆ico y para el bien general de la comunidad de hacer participar en igualdad de condiciones a todos los adultos, independientemente de su sexo, estos tab鷈s e ideas reaccionarias o extremistas se han venido desalentando progresivamente.

43. De conformidad con los art韈ulos 2, 3 y 24 en particular, el Comit� solicita que todos los Estados Partes avancen paulatinamente hacia una etapa en que, mediante su decidido desaliento a las nociones de la desigualdad de la mujer en el hogar, cada pa韘 retire sus reservas, en particular a los art韈ulos 9, 15 y 16 de la Convenci髇.

44. Los Estados Partes deben desalentar decididamente toda noci髇 de desigualdad entre la mujer y el hombre que sea afirmada por las leyes, por el derecho religioso o privado o por las costumbres y avanzar hacia una etapa en que se retiren las reservas, en particular al art韈ulo 16.

45. El Comit� observ�, sobre la base de su examen de los informes iniciales y los informes peri骴icos, que en algunos Estados Partes en la Convenci髇 que hab韆n ratificado o accedido a ella sin reservas, algunas leyes, especialmente las que se refieren a la familia, en realidad no se ajustan a las disposiciones de la Convenci髇.

46. Las leyes de esos Estados todav韆 contienen muchas medidas basadas en normas, costumbres y prejuicios sociales y culturales que discriminan a la mujer. A causa de esta situaci髇 particular en relaci髇 con los art韈ulos mencionados, el Comit� tropieza con dificultades para evaluar y entender la condici髇 de la mujer en esos Estados.

47. El Comit�, especialmente sobre la base de los art韈ulos 1 y 2 de la Convenci髇, solicita que esos Estados Partes desplieguen los esfuerzos necesarios para examinar la situaci髇 de hecho relativa a tales cuestiones y hacer las modificaciones necesarias en aquellas de sus leyes que todav韆 contengan disposiciones discriminatorias contra la mujer.

Informes

48. Con la asistencia de los comentarios que figuran en la presente Recomendaci髇 general, en sus informes los Estados Partes deben:

a) Indicar la etapa que se ha alcanzado para eliminar todas las reservas a la Convenci髇, en particular las reservas al art韈ulo 16;

b) Indicar si sus leyes cumplen los principios de los art韈ulos 9, 15 y 16 y, si por raz髇 del derecho religioso o privado o de costumbres, se entorpece la observancia de la ley o de la Convenci髇.

尝别驳颈蝉濒补肠颈髇

49. Cuando lo exija el cumplimiento de la Convenci髇, en particular los art韈ulos 9, 15 y 16, los Estados Partes deber醤 legislar y hacer cumplir esas leyes.

Est韒ulo a la observancia de la Convenci髇

50. Con la asistencia de los comentarios que figuran en la presente Recomendaci髇 general, y seg鷑 lo dispuesto en los art韈ulos 2, 3 y 24, los Estados Partes deber韆n introducir medidas destinadas a alentar la plena observancia de los principios de la Convenci髇, especialmente cuando el derecho religioso o privado o las costumbres choquen con ellos.

RECOMENDACI覰 GENERAL N� 22 (14� per韔do de sesiones)^*

Enmienda del art韈ulo 20 de la Convenci髇

El Comit� para la Eliminaci髇 de la Discriminaci髇 contra la Mujer,

Observando que los Estados Partes en la Convenci髇 sobre la eliminaci髇 de todas las formas de discriminaci髇 contra la mujer, a petici髇 de la Asamblea General, se reunir醤 en 1995 a fin de considerar la posibilidad de enmendar el art韈ulo 20 de la Convenci髇,

Recordando su anterior decisi髇, adoptada en su d閏imo per韔do de sesiones, encaminada a velar por la eficacia de su labor e impedir que aumente el retraso en el examen de los informes presentados por los Estados Partes,

Recordando que la Convenci髇 es uno de los instrumentos internacionales de derechos humanos que m醩 Estados Partes han ratificado,

Considerando que los art韈ulos de la Convenci髇 se refieren a los derechos humanos fundamentales de la mujer en todos los aspectos de su vida cotidiana y en todos los 醡bitos de la sociedad y del Estado,

Preocupado por el volumen de trabajo del Comit� resultado del creciente n鷐ero de ratificaciones, unido a los informes pendientes de examen que hay acumulados, como se pone de manifiesto en el anexo I,

Preocupado asimismo por el prolongado intervalo que media entre la presentaci髇 de los informes de los Estados Partes y su examen, que hace necesario que los Estados proporcionen informaci髇 adicional para actualizar sus informes,

Teniendo presente que el Comit� para la Eliminaci髇 de la Discriminaci髇 contra la Mujer es el 鷑ico 髍gano creado en virtud de un tratado de derechos humanos cuyo tiempo para reunirse es limitado por su Convenci髇, y que su tiempo de reuniones es el m醩 breve de todos los 髍ganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, como se refleja en el anexo II,

厂别馻濒补苍诲辞 que la limitaci髇 de la duraci髇 de los per韔dos de sesiones, seg鷑 figura en la Convenci髇, se ha convertido en un serio obst醕ulo al desempe駉 eficaz de las funciones del Comit� en virtud de la Convenci髇,

1. Recomienda que los Estados Partes consideren favorablemente la posibilidad de enmendar el art韈ulo 20 de la Convenci髇 con respecto al tiempo de reuniones del Comit�, para que pueda reunirse anualmente por el per韔do que sea necesario para que desempe馿 eficazmente sus funciones con arreglo a la Convenci髇, sin restricciones espec韋icas excepto las que pueda establecer la Asamblea General;

2. Recomienda asimismo que la Asamblea General, a la espera de que finalice el proceso de enmienda, autorice con car醕ter excepcional al Comit� a reunirse en 1996 en dos per韔dos de sesiones de tres semanas de duraci髇 cada uno, precedidos por la reuni髇 de grupos de trabajo anteriores al per韔do de sesiones;

3. Recomienda adem醩 que la Presidencia del Comit� haga un informe verbal a la reuni髇 de Estados Partes sobre las dificultades al desempe駉 de las funciones del Comit�;

4. Recomienda que el Secretario General ponga a disposici髇 de los Estados Partes en su reuni髇 toda la informaci髇 pertinente sobre el volumen de trabajo del Comit�, as� como informaci髇 comparada respecto de los dem醩髍ganos creados en virtud de tratados de derechos humanos.

RECOMENDACI覰 GENERAL N� 23 (16� per韔do de sesiones, 1997)^*

Vida pol韙ica y p鷅lica

Los Estados Partes tomar醤 todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminaci髇 contra la mujer en la vida pol韙ica y p鷅lica del pa韘 y, en particular, garantizar醤 a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

a) Votar en todas las elecciones y refer閚dums p鷅licos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones p鷅licas;

b) Participar en la formulaci髇 de las pol韙icas gubernamentales y en la ejecuci髇 de 閟tas, y ocupar cargos p鷅licos y ejercer todas las funciones p鷅licas en todos los planos gubernamentales;

c) Participar en organizaciones no gubernamentales y asociaciones que se ocupen de la vida p鷅lica y pol韙ica del pa韘.

Antecedentes

1. La Convenci髇 sobre la eliminaci髇 de todas las formas de discriminaci髇 contra la mujer atribuye especial importancia a la participaci髇 de la mujer en la vida p鷅lica de su pa韘. El pre醡bulo estipula, en parte, lo siguiente:

"Recordando que la discriminaci髇 contra la mujer viola los principios de igualdad de derechos y de respeto de la dignidad humana, que dificulta su participaci髇, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida pol韙ica, social, econ髆ica y cultural de su pa韘, que constituye un obst醕ulo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de sus posibilidades para prestar servicio a su pa韘 y a la humanidad."

2. M醩 adelante, el pre醡bulo reitera la importancia de la participaci髇 de la mujer en la adopci髇 de decisiones as�:

"Convencidos de que la m醲ima participaci髇 de la mujer en todas las esferas, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el pleno desarrollo de un pa韘, el bienestar del mundo y la causa de la paz."

3. Adem醩, en el art韈ulo 1 de la Convenci髇, la expresi髇 "discriminaci髇 contra la mujer" denota:

"toda distinci髇, exclusi髇 o restricci髇 basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad con el hombre, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas pol韙ica, econ髆ica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera."

4. Otras convenciones, declaraciones y an醠isis internacionales atribuyen suma importancia a la participaci髇 de la mujer en la vida p鷅lica. Entre los instrumentos que han servido de marco para las normas internacionales sobre la igualdad figuran la Declaraci髇 Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol韙icos, la Convenci髇 sobre los Derechos Pol韙icos de la Mujer, la Declaraci髇 de Viena, el p醨rafo 13 de la Declaraci髇 y Plataforma de Acci髇 de Beijing, las Recomendaciones generales Nos. 5 y 8 con arreglo a la Convenci髇, el Comentario general N� 25 aprobado por el Comit� de Derechos Humanos, la recomendaci髇 aprobada por el Consejo de la Uni髇 Europea sobre la participaci髇 igualitaria de hombres y mujeres en el proceso de adopci髇 de decisiones, y el documento de la Comisi髇 Europea titulado "C髆o conseguir una participaci髇 igualitaria de mujeres y hombres en la adopci髇 de decisiones pol韙icas".

5. En virtud del art韈ulo 7, los Estados Partes aceptan tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminaci髇 contra la mujer en la vida pol韙ica y p鷅lica y asegurar que disfrute en ella de igualdad con el hombre. La obligaci髇 especificada en este art韈ulo abarca todas las esferas de la vida p鷅lica y pol韙ica y no se limita a las indicadas en los incisos a), b) y c) del p醨rafo. La vida pol韙ica y p鷅lica de un pa韘 es un concepto amplio. Se refiere al ejercicio del poder pol韙ico, en particular al ejercicio de los poderes legislativo, judicial, ejecutivo y administrativo. El t閞mino abarca todos los aspectos de la administraci髇 p鷅lica y la formulaci髇 y ejecuci髇 de la pol韙ica a los niveles internacional, nacional, regional y local. El concepto abarca tambi閚 muchos aspectos de la sociedad civil, entre ellos, las juntas p鷅licas y los consejos locales y las actividades de organizaciones como son los partidos pol韙icos, los sindicatos, las asociaciones profesionales o industriales, las organizaciones femeninas, las organizaciones comunitarias y otras organizaciones que se ocupan de la vida p鷅lica y pol韙ica.

6. La Convenci髇 prev� que, para que sea efectiva, esa igualdad se logre en un r間imen pol韙ico en el que cada ciudadano disfrute del derecho a votar y a ser elegido en elecciones peri骴icas leg韙imas celebradas sobre la base del sufragio universal y el voto secreto, de manera tal que se garantice la libre expresi髇 de la voluntad del electorado, tal y como se establece en instrumentos internacionales de derechos humanos, como en el art韈ulo 21 de la Declaraci髇 Universal de Derechos Humanos y el art韈ulo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol韙icos.

7. La insistencia expresada en la Convenci髇 acerca de la importancia de la igualdad de oportunidades y de la participaci髇 en la vida p鷅lica y la toma de decisiones ha llevado al Comit� a volver a examinar el art韈ulo 7 y a sugerir a los Estados Partes que, en el examen de su legislaci髇 y sus pol韙icas y en la presentaci髇 de informes en relaci髇 con la Convenci髇, tengan en cuenta las observaciones y recomendaciones que figuran a continuaci髇.

Observaciones

8. Las esferas p鷅lica y privada de la actividad humana siempre se han considerado distintas y se han reglamentado en consecuencia. Invariablemente, se han asignado a la mujer funciones en la esfera privada o dom閟tica vinculadas con la procreaci髇 y la crianza de los hijos mientras que en todas las sociedades estas actividades se han tratado como inferiores. En cambio, la vida p鷅lica, que goza de respeto y prestigio, abarca una amplia gama de actividades fuera de la esfera privada y dom閟tica. Hist髍icamente, el hombre ha dominado la vida p鷅lica y a la vez ha ejercido el poder hasta circunscribir y subordinar a la mujer al 醡bito privado.

9. Pese a la funci髇 central que ha desempe馻do en el sost閚 de la familia y la sociedad y a su contribuci髇 al desarrollo, la mujer se ha visto excluida de la vida pol韙ica y del proceso de adopci髇 de decisiones que determinan, sin embargo, las modalidades de la vida cotidiana y el futuro de las sociedades. En tiempos de crisis sobre todo, esta exclusi髇 ha silenciado la voz de la mujer y ha hecho invisibles su contribuci髇 y su experiencia.

10. En todas las naciones, los factores m醩 importantes que han impedido la capacidad de la mujer para participar en la vida p鷅lica han sido los valores culturales y las creencias religiosas, la falta de servicios y el hecho de que el hombre no ha participado en la organizaci髇 del hogar ni en el cuidado y la crianza de los hijos. En todos los pa韘es, las tradiciones culturales y las creencias religiosas han cumplido un papel en el confinamiento de la mujer a actividades del 醡bito privado y la han excluido de la vida p鷅lica activa.

11. Si se liberara de algunas de las faenas dom閟ticas, participar韆 m醩 plenamente en la vida de su comunidad. Su dependencia econ髆ica del hombre suele impedirle adoptar decisiones importantes de car醕ter pol韙ico o participar activamente en la vida p鷅lica. Su doble carga de trabajo y su dependencia econ髆ica, sumadas a las largas o inflexibles horas de trabajo p鷅lico y pol韙ico, impiden que sea m醩 activa.

12. La creaci髇 de estereotipos, hasta en los medios de informaci髇, limita la vida pol韙ica de la mujer a cuestiones como el medio ambiente, la infancia y la salud y la excluye de responsabilidades en materia de finanzas, control presupuestario y soluci髇 de conflictos. La poca participaci髇 de la mujer en las profesiones de donde proceden los pol韙icos pueden crear otro obst醕ulo. El ejercicio del poder por la mujer en algunos pa韘es tal vez sea m醩 un producto de la influencia que han ejercido sus padres, esposos o familiares varones que del 閤ito electoral por derecho propio.

Reg韒enes pol韙icos

13. El principio de igualdad entre la mujer y el hombre se ha afirmado en las constituciones y la legislaci髇 de la mayor parte de los pa韘es, as� como en todos los instrumentos internacionales. No obstante, en los 鷏timos 50 a駉s, la mujer no ha alcanzado la igualdad; su desigualdad, por otra parte, se ha visto reafirmada por su poca participaci髇 en la vida p鷅lica y pol韙ica. Las pol韙icas y las decisiones que son factura exclusiva del hombre reflejan s髄o una parte de la experiencia y las posibilidades humanas. La organizaci髇 justa y eficaz de la sociedad exige la inclusi髇 y participaci髇 de todos sus miembros.

14. Ning鷑 r間imen pol韙ico ha conferido a la mujer el derecho ni el beneficio de una participaci髇 plena en condiciones de igualdad. Si bien los reg韒enes democr醫icos han aumentado las oportunidades de participaci髇 de la mujer en la vida pol韙ica, las innumerables barreras econ髆icas, sociales y culturales que a鷑 se le interponen han limitado seriamente esa participaci髇. Ni siquiera las democracias hist髍icamente estables han podido integrar plenamente y en condiciones de igualdad las opiniones y los intereses de la mitad femenina de la poblaci髇. No puede llamarse democr醫ica una sociedad en la que la mujer est� excluida de la vida p鷅lica y del proceso de adopci髇 de decisiones. El concepto de democracia tendr� significaci髇 real y din醡ica, adem醩 de un efecto perdurable, s髄o cuando hombres y mujeres compartan la adopci髇 de decisiones pol韙icas y cuando los intereses de ambos se tengan en cuenta por igual. El examen de los informes de los Estados Partes demuestra que dondequiera que la mujer participa plenamente y en condiciones de igualdad en la vida p鷅lica y la adopci髇 de decisiones mejora el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de la Convenci髇.

Medidas especiales de car醕ter temporal

15. La eliminaci髇 de las barreras jur韉icas, aunque necesaria, no es suficiente. La falta de una participaci髇 plena e igual de la mujer puede no ser deliberada, sino obedecer a pr醕ticas y procedimientos trasnochados, con los que de manera inadvertida se promueve al hombre. El art韈ulo 4 de la Convenci髇 alienta a la utilizaci髇 de medidas especiales de car醕ter temporal para dar pleno cumplimiento a los art韈ulos 7 y 8. Dondequiera que se han aplicado estrategias efectivas de car醕ter temporal para tratar de lograr la igualdad de participaci髇, se ha aplicado una variedad de medidas que abarcan la contrataci髇, la prestaci髇 de asistencia financiera y la capacitaci髇 de candidatas, se han enmendado los procedimientos electorales, se han realizado campa馻s dirigidas a lograr la participaci髇 en condiciones de igualdad, se han fijado metas en cifras y cupos y se ha nombrado a mujeres en cargos p鷅licos, por ejemplo, en el poder judicial u otros grupos profesionales que desempe馻n una funci髇 esencial en la vida cotidiana de todas las sociedades. La eliminaci髇 oficial de barreras y la introducci髇 de medidas especiales de car醕ter temporal para alentar la participaci髇, en pie de igualdad, tanto de hombres como de mujeres en la vida p鷅lica de sus sociedades son condiciones previas indispensables de la verdadera igualdad en la vida pol韙ica. No obstante, para superar siglos de dominaci髇 masculina en la vida p鷅lica, la mujer necesita tambi閚 del est韒ulo y el apoyo de todos los sectores de la sociedad si desea alcanzar una participaci髇 plena y efectiva, y esa tarea deben dirigirla los Estados Partes en la Convenci髇, as� como los partidos pol韙icos y los funcionarios p鷅licos. Los Estados Partes tienen la obligaci髇 de garantizar que las medidas especiales de car醕ter temporal se orienten claramente a apoyar el principio de igualdad y, por consiguiente, cumplan los principios constitucionales que garantizan la igualdad de todos los ciudadanos.

Resumen

16. La cuesti髇 fundamental, que se destaca en la Plataforma de Acci髇 de Beijing, es la disparidad entre la participaci髇 de jure y de facto de la mujer en la pol韙ica y la vida p鷅lica en general (es decir, entre el derecho y la realidad de esa participaci髇). Las investigaciones realizadas demuestran que si su participaci髇 alcanza entre el 30 y el 35% (que por lo general se califica de "masa cr韙ica"), entonces puede tener verdaderas repercusiones en el estilo pol韙ico y en el contenido de las decisiones y la renovaci髇 de la vida pol韙ica.

17. Para alcanzar una amplia representaci髇 en la vida p鷅lica, las mujeres deben gozar de igualdad plena en el ejercicio del poder pol韙ico y econ髆ico; deben participar cabalmente, en condiciones de igualdad, en el proceso de adopci髇 de decisiones en todos los planos, tanto nacional como internacional, de modo que puedan aportar su contribuci髇 a alcanzar la igualdad, el desarrollo y la paz. Es indispensable una perspectiva de g閚ero para alcanzar estas metas y asegurar una verdadera democracia. Por estas razones, es indispensable hacer que la mujer participe en la vida p鷅lica, para aprovechar su contribuci髇, garantizar que se protejan sus intereses y cumplir con la garant韆 de que el disfrute de los derechos humanos es universal, sin tener en cuenta el sexo de la persona. La participaci髇 plena de la mujer es fundamental, no solamente para su potenciaci髇, sino tambi閚 para el adelanto de toda la sociedad.

Derecho a votar y a ser elegido (inciso a) del art韈ulo 7)

18. La Convenci髇 obliga a los Estados Partes a que, en sus constituciones o legislaci髇, adopten las medidas apropiadas para garantizar que las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, disfruten del derecho de voto en todas las elecciones y refer閚dums, y el derecho a ser elegidas. Este derecho debe poder ejercerse tanto de jure como de facto.

19. El examen de los informes de los Estados Partes revela que, si bien la mayor韆 de ellos han aprobado disposiciones constitucionales y disposiciones jur韉icas de otro tipo que reconocen a la mujer y al hombre el derecho igual a votar en todas las elecciones y refer閚dums p鷅licos, en muchas naciones las mujeres siguen tropezando con dificultades para ejercer este derecho.

20. Entre los factores que obstaculizan el ejercicio de ese derecho figuran los siguientes:

a) Las mujeres reciben menos informaci髇 que los hombres sobre los candidatos y sobre los programas de los partidos pol韙icos y los procedimientos de voto, informaci髇 que los gobiernos y los partidos pol韙icos no han sabido proporcionar. Otros factores importantes que impiden el ejercicio del derecho de la mujer al voto de manera plena y en condiciones de igualdad son el analfabetismo y el desconocimiento e incomprensi髇 de los sistemas pol韙icos o de las repercusiones que las iniciativas y normas pol韙icas tendr醤 en su vida. Como no comprenden los derechos, las responsabilidades y las oportunidades de cambio que les otorga el derecho a votar, las mujeres no siempre se inscriben para ejercer su derecho de voto.

b) La doble carga de trabajo de la mujer y los apuros econ髆icos limitan el tiempo o la oportunidad que puede tener de seguir las campa馻s electorales y ejercer con plena libertad su derecho de voto.

c) En muchas naciones, las tradiciones y los estereotipos sociales y culturales se utilizan para disuadir a la mujer de ejercer su derecho de voto. Muchos hombres ejercen influencia o control sobre el voto de la mujer, ya sea por persuasi髇 o por acci髇 directa, llegando hasta votar en su lugar. Deben impedirse semejantes pr醕ticas.

d) Entre otros factores que en algunos pa韘es entorpecen la participaci髇 de la mujer en la vida p鷅lica o pol韙ica de su comunidad figuran las restricciones a su libertad de circulaci髇 o a su derecho a la participaci髇, la prevalencia de actitudes negativas respecto de la participaci髇 pol韙ica de la mujer, o la falta de confianza del electorado en las candidatas o de apoyo de 閟tas. Adem醩, algunas mujeres consideran poco agradable meterse en pol韙ica y evitan participar en campa馻s.

21. Estos factores explican, por lo menos en parte, la paradoja de que las mujeres, que son la mitad de los electores, no ejercen su poder pol韙ico ni forman agrupaciones que promover韆n sus intereses o cambiar韆n el gobierno, o eliminar韆n las pol韙icas discriminatorias.

22. El sistema electoral, la distribuci髇 de esca駉s en el Parlamento y la elecci髇 de la circunscripci髇 inciden de manera significativa en la proporci髇 de mujeres elegidas al Parlamento. Los partidos pol韙icos deben adoptar los principios de igualdad de oportunidades y democracia e intentar lograr un equilibrio entre el n鷐ero de candidatos y candidatas.

23. El disfrute del derecho de voto por la mujer no debe ser objeto de limitaciones o condiciones que no se aplican a los hombres, o que tienen repercusiones desproporcionadas para ella. Por ejemplo, no s髄o es desmedido limitar el derecho de voto a las personas que tienen un determinado grado de educaci髇, poseen un m韓imo de bienes, o saben leer y escribir, sino que puede ser una violaci髇 de la garant韆 universal de los derechos humanos. Tambi閚 es probable que tenga efectos desproporcionados para la mujer, lo que contravendr韆 las disposiciones de la Convenci髇.

Derecho a participar en la formulaci髇 de las pol韙icas gubernamentales (inciso b)
del art韈ulo 7)

24. La participaci髇 de la mujer en la formulaci髇 de pol韙icas gubernamentales sigue siendo en general reducida, si bien se han logrado avances considerables y algunos pa韘es han alcanzado la igualdad. En cambio, en muchos pa韘es la participaci髇 de la mujer de hecho se ha reducido.

25. En el inciso b) del art韈ulo 7, se pide tambi閚 a los Estados Partes que garanticen a la mujer el derecho a la participaci髇 plena en la formulaci髇 de pol韙icas gubernamentales y en su ejecuci髇 en todos los sectores y a todos los niveles, lo cual facilitar韆 la integraci髇 de las cuestiones relacionadas con los sexos como tales en las actividades principales y contribuir韆 a crear una perspectiva de g閚ero en la formulaci髇 de pol韙icas gubernamentales.

26. Los Estados Partes tienen la responsabilidad, dentro de los l韒ites de sus posibilidades, de nombrar a mujeres en cargos ejecutivos superiores y, naturalmente, de consultar y pedir asesoramiento a grupos que sean ampliamente representativos de sus opiniones e intereses.

27. Adem醩, los Estados Partes tienen la obligaci髇 de garantizar que se determine cu醠es son los obst醕ulos a la plena participaci髇 de la mujer en la formulaci髇 de la pol韙ica gubernamental y de que se superen. Entre esos obst醕ulos se encuentran la satisfacci髇 cuando se nombra a mujeres en cargos simb髄icos y las actitudes tradicionales y costumbres que desalientan la participaci髇 de la mujer. La pol韙ica gubernamental no puede ser amplia y eficaz a menos que la mujer est� ampliamente representada en las categor韆s superiores de gobierno y se le consulte adecuadamente.

28. Aunque los Estados Partes tienen en general el poder necesario para nombrar a mujeres en cargos superiores de gabinete y puestos administrativos, los partidos pol韙icos por su parte tambi閚 tienen la responsabilidad de garantizar que sean incluidas en las listas partidistas y se propongan candidatas a elecciones en distritos en donde tengan posibilidades de ser elegidas. Los Estados Partes tambi閚 deben asegurar que se nombren mujeres en 髍ganos de asesoramiento gubernamental, en igualdad de condiciones con el hombre, y que estos 髍ganos tengan en cuenta, seg鷑 proceda, las opiniones de grupos representativos de la mujer. Incumbe a los gobiernos la responsabilidad fundamental de alentar estas iniciativas para dirigir y orientar la opini髇 p鷅lica y modificar actitudes que discriminan contra la mujer o desalientan su participaci髇 en la vida pol韙ica y p鷅lica.

29. Varios Estados Partes han adoptado medidas encaminadas a garantizar la presencia de la mujer en los cargos elevados del gobierno y la administraci髇 y en los 髍ganos de asesoramiento gubernamental, tales como: una norma seg鷑 la cual, en el caso de candidatos igualmente calificados, se dar� preferencia a una mujer; una norma en virtud de la cual ninguno de los sexos constituir� menos del 40% de los miembros de un 髍gano p鷅lico; un cupo para mujeres en el gabinete y en puestos p鷅licos, y consultas con organizaciones femeninas para garantizar que se nombre a mujeres id髇eas a puestos en organismos p鷅licos y como titulares de cargos p鷅licos y la creaci髇 y mantenimiento de registros de mujeres id髇eas, con objeto de facilitar su nombramiento a 髍ganos y cargos p鷅licos. Cuando las organizaciones privadas presenten candidaturas para 髍ganos asesores, los Estados Partes deber醤 alentarlas a que nombren mujeres calificadas e id髇eas.

Derecho a ocupar cargos p鷅licos y a ejercer todas las funciones p鷅licas (p醨rafo b)
del art韈ulo 7)

30. El examen de los informes de los Estados Partes pone de manifiesto que la mujer est� excluida del desempe駉 de altos cargos en el gobierno, la administraci髇 p鷅lica, la judicatura y los sistemas judiciales. Pocas veces se nombra a mujeres para desempe馻r estos cargos superiores o de influencia y, en tanto que su n鷐ero tal vez aumente en algunos pa韘es a nivel inferior y en cargos que suelen guardar relaci髇 con el hogar y la familia, constituyen una reducida minor韆 en los cargos que entra馻n la adopci髇 de decisiones relacionadas con la pol韙ica o el desarrollo econ髆icos, los asuntos pol韙icos, la defensa, las misiones de mantenimiento de la paz, la soluci髇 de conflictos y la interpretaci髇 y determinaci髇 de normas constitucionales.

31. El examen de los informes de los Estados Partes revela que, en ciertos casos, la ley excluye a la mujer del ejercicio de sus derechos de sucesi髇 al trono, de actuar como juez en los tribunales religiosos o tradicionales con jurisdicci髇 en nombre del Estado o de participar plenamente en la esfera militar. Estas disposiciones discriminan contra la mujer, niegan a la sociedad las ventajas que traer韆n consigo su participaci髇 y sus conocimientos en tales esferas de la vida de sus comunidades y contravienen los principios de la Convenci髇.

El derecho a participar en organizaciones no gubernamentales y en asociaciones p鷅licas
y pol韙icas (inciso c) del art韈ulo 7)

32. Un examen de los informes de los Estados Partes revela que, en las pocas ocasiones en que se suministra informaci髇 relativa a los partidos pol韙icos, la mujer no est� debidamente representada o se ocupa mayoritariamente de funciones menos influyentes que el hombre. Dado que los partidos pol韙icos son un importante veh韈ulo de transmisi髇 de funciones en la adopci髇 de decisiones, los gobiernos deber韆n alentarlos a que examinaran en qu� medida la mujer participa plenamente en sus actividades en condiciones de igualdad y, de no ser as�, a que determinaran las razones que lo explican. Se deber韆 alentar a los partidos pol韙icos a que adoptaran medidas eficaces, entre ellas suministrar informaci髇 y recursos financieros o de otra 韓dole, para superar los obst醕ulos a la plena participaci髇 y representaci髇 de la mujer y a que garantizaran a la mujer igualdad de oportunidades en la pr醕tica para prestar servicios como funcionaria del partido y ser propuesta como candidata en las elecciones.

33. Entre las medidas que han adoptado algunos partidos pol韙icos figura la de reservar un n鷐ero o un porcentaje m韓imo de puestos en sus 髍ganos ejecutivos para la mujer al tiempo que garantizan un equilibrio entre el n鷐ero de candidatos y candidatas propuestos y asegurar que no se asigne invariablemente a la mujer a circunscripciones menos favorables o a los puestos menos ventajosos en la lista del partido. Los Estados Partes deber韆n asegurar que en la legislaci髇 contra la discriminaci髇 o en otras garant韆s constitucionales de la igualdad se prevean esas medidas especiales de car醕ter temporal.

34. Otras organizaciones, como los sindicatos y los partidos pol韙icos, tienen la obligaci髇 de demostrar su defensa del principio de la igualdad entre los sexos en sus estatutos, en la aplicaci髇 de sus reglamentos y en la composici髇 de sus miembros con una representaci髇 equilibrada de ambos en sus juntas ejecutivas, de manera que estos 髍ganos puedan beneficiarse de la participaci髇 plena, en condiciones de igualdad, de todos los sectores de la sociedad y de las contribuciones que hagan ambos sexos. Estas organizaciones tambi閚 constituyen un valioso entorno para que la mujer aprenda la pol韙ica, la participaci髇 y la direcci髇, como lo hacen las organizaciones no gubernamentales.

Art韈ulo 8 (plano internacional)

Los Estados Partes tomar醤 todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminaci髇 alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales.

Comentario

35. En virtud del art韈ulo 8, los gobiernos deben garantizar la presencia de la mujer en todos los niveles y esferas de las relaciones internacionales, lo que exige que se las incluya en la representaci髇 de su gobierno en cuestiones econ髆icas y militares, en la diplomacia bilateral y multilateral y en las delegaciones oficiales que asisten a conferencias regionales e internacionales.

36. Al examinarse los informes de los Estados Partes, queda claro que el n鷐ero de mujeres en el servicio diplom醫ico de la mayor韆 de los pa韘es es inquietantemente bajo, en particular en los puestos de mayor categor韆. Se tiende a destinarlas a las embajadas que tienen menor importancia para las relaciones exteriores del pa韘 y, en algunos casos, la discriminaci髇 en los nombramientos consiste en establecer restricciones vinculadas con su estado civil. En otros casos, se les niegan prestaciones familiares y maritales que se conceden a los diplom醫icos varones en puestos equivalentes. A menudo se les niegan oportunidades de contrataci髇 en el extranjero bas醤dose en conjeturas acerca de sus responsabilidades dom閟ticas, la de que el cuidado de familiares a cargo les impedir� aceptar el nombramiento inclusive.

37. Muchas misiones permanentes ante las Naciones Unidas y ante otras organizaciones internacionales no cuentan con mujeres entre su personal diplom醫ico y son muy pocas las mujeres que ocupan cargos superiores. La situaci髇 no difiere en las reuniones y conferencias de expertos que establecen metas, programas y prioridades internacionales o mundiales. Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y varias instancias econ髆icas, pol韙icas y militares a nivel regional emplean a una cantidad importante de funcionarios p鷅licos internacionales, pero aqu� tambi閚 las mujeres constituyen una minor韆 y ocupan cargos de categor韆 inferior.

38. Hay pocas oportunidades para hombres y mujeres de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales en igualdad de condiciones, porque a menudo no se siguen criterios y procesos objetivos de nombramiento y promoci髇 a puestos importantes o delegaciones oficiales.

39. El fen髆eno actual de la mundializaci髇 hace que la inclusi髇 de la mujer y su participaci髇 en las organizaciones internacionales, en igualdad de condiciones con el hombre, sea cada vez m醩 importante. Incumbe a todos los gobiernos de manera insoslayable integrar una perspectiva de g閚ero y los derechos humanos de la mujer en los programas de todos los 髍ganos internacionales. Muchas decisiones fundamentales sobre asuntos mundiales, como el establecimiento de la paz y la soluci髇 de conflictos, los gastos militares y el desarme nuclear, el desarrollo y el medio ambiente, la ayuda exterior y la reestructuraci髇 econ髆ica, se adoptan con escasa participaci髇 de la mujer, en marcado contraste con el papel que le cabe en las mismas esferas a nivel no gubernamental.

40. La inclusi髇 de una masa cr韙ica de mujeres en las negociaciones internacionales, las actividades de mantenimiento de la paz, todos los niveles de la diplomacia preventiva, la mediaci髇, la asistencia humanitaria, la reconciliaci髇 social, las negociaciones de paz y el sistema internacional de justicia penal cambiar� las cosas. Al considerar los conflictos armados y de otro tipo, la perspectiva y el an醠isis basados en el g閚ero son necesarios para comprender los distintos efectos que tienen en las mujeres y los hombres

RECOMENDACIONES

Art韈ulos 7 y 8

41. Los Estados Partes deben garantizar que sus constituciones y su legislaci髇 se ajusten a los principios de la Convenci髇, en particular, a los art韈ulos 7 y 8.

42. Los Estados Partes est醤 obligados a adoptar todas las medidas apropiadas, hasta promulgar la legislaci髇 correspondiente que se ajuste a la Constituci髇, a fin de garantizar que organizaciones como los partidos pol韙icos y los sindicatos, a las que tal vez no se extiendan directamente las obligaciones en virtud de la Convenci髇, no discriminen a las mujeres y respeten los principios contenidos en los art韈ulos 7 y 8.

43. Los Estados Partes deben idear y ejecutar medidas temporales especiales para garantizar la igualdad de representaci髇 de las mujeres en todas las esferas que abarcan los art韈ulos 7 y 8.

44. Los Estados Partes deben explicar la raz髇 de ser de las reservas a los art韈ulos 7 y 8, y los efectos de esas reservas, e indicar si 閟tas reflejan actitudes basadas en la tradici髇, las costumbres o estereotipos en cuanto a la funci髇 de las mujeres en la sociedad, as� como las medidas que est醤 adoptando los Estados Partes para modificar tales actitudes. Los Estados Partes deben mantener bajo examen la necesidad de estas reservas e incluir en sus informes las fechas para retirarlas.

Art韈ulo 7

45. Las medidas que hay que idear, ejecutar y supervisar para lograr la eficacia incluyen, en virtud del p醨rafo a) del art韈ulo 7, las que tienen por objeto:

a) Lograr un equilibrio entre mujeres y hombres que ocupen cargos de elecci髇 p鷅lica;

b) Asegurar que las mujeres entiendan su derecho al voto, la importancia de este derecho y la forma de ejercerlo;

c) Asegurar la eliminaci髇 de los obst醕ulos a la igualdad, entre ellos, los que se derivan del analfabetismo, el idioma, la pobreza o los impedimentos al ejercicio de la libertad de circulaci髇 de las mujeres;

d) Ayudar a las mujeres que tienen estas desventajas a ejercer su derecho a votar y a ser elegidas.

46. Las medidas en virtud del p醨rafo b) del art韈ulo 7 incluyen las que est醤 destinadas a asegurar:

a) La igualdad de representaci髇 de las mujeres en la formulaci髇 de la pol韙ica gubernamental;

b) Su goce efectivo de la igualdad de derechos a ocupar cargos p鷅licos;

c) Su contrataci髇 de modo abierto, con la posibilidad de apelaci髇.

47. Las medidas en virtud del p醨rafo c) del art韈ulo 7, incluyen las que est醤 destinadas a:

a) Asegurar la promulgaci髇 de una legislaci髇 eficaz que proh韇a la discriminaci髇 de las mujeres;

b) Alentar a las organizaciones no gubernamentales y a las asociaciones p鷅licas y pol韙icas a que adopten estrategias para fomentar la representaci髇 y la participaci髇 de las mujeres en sus actividades.

48. Al informar sobre el art韈ulo 7, los Estados Partes deben:

a) Describir las disposiciones legislativas que hacen efectivos los derechos contenidos en el art韈ulo 7;

b) Proporcionar detalles sobre las limitaciones de esos derechos, tanto si se derivan de disposiciones legislativas como si son consecuencia de pr醕ticas tradicionales, religiosas o culturales;

c) Describir las medidas introducidas para superar los obst醕ulos al ejercicio de esos derechos;

d) Incluir datos estad韘ticos, desglosados por sexo, relativos al porcentaje de mujeres y hombres que disfrutan de ellos;

e) Describir los tipos de pol韙icas, las relacionadas con programas de desarrollo inclusive, en cuya formulaci髇 participen las mujeres y el grado y la amplitud de esa participaci髇;

f) En relaci髇 con el p醨rafo c) del art韈ulo 7, describir en qu� medida las mujeres participan en las organizaciones no gubernamentales en sus pa韘es, en las organizaciones femeninas inclusive;

g) Analizar la medida en que el Estado Parte asegura que se consulte a esas organizaciones y las repercusiones de su asesoramiento a todos los niveles de la formulaci髇 y ejecuci髇 de las pol韙icas gubernamentales;

h) Proporcionar informaci髇 sobre la representaci髇 insuficiente de mujeres en calidad de miembros o responsables de los partidos pol韙icos, los sindicatos, las organizaciones patronales y las asociaciones profesionales y analizar los factores que contribuyen a ello.

Art韈ulo 8

49. Las medidas que se deben idear, ejecutar y supervisar para lograr la eficacia incluyen las destinadas a garantizar un mejor equilibrio entre hombres y mujeres en todos los 髍ganos de las Naciones Unidas, entre ellos, las Comisiones Principales de la Asamblea General, el Consejo Econ髆ico y Social y los 髍ganos de expertos, en particular los 髍ganos creados en virtud de tratados, as� como en el nombramiento de grupos de trabajo independientes o de relatores especiales o por pa韘es.

50. Al presentar informes sobre el art韈ulo 8, los Estados Partes deben:

a) Proporcionar estad韘ticas, desglosadas por sexo, relativas al porcentaje de mujeres en el servicio exterior o que participen con regularidad en la representaci髇 internacional o en actividades en nombre del Estado, entre ellas las que integren delegaciones gubernamentales a conferencias internacionales y las mujeres designadas para desempe馻r funciones en el mantenimiento de la paz o la soluci髇 de conflictos, as� como su categor韆 en el sector correspondiente;

b) Describir las medidas para establecer criterios objetivos y procesos para el nombramiento y el ascenso de mujeres a cargos importantes o para su participaci髇 en delegaciones oficiales;

c) Describir las medidas adoptadas para dar difusi髇 amplia a la informaci髇 sobre las obligaciones internacionales del gobierno que afecten a las mujeres y los documentos oficiales publicados por los foros multilaterales, en particular entre los 髍ganos gubernamentales y no gubernamentales encargados del adelanto de la mujer;

d) proporcionar informaci髇 relacionada con la discriminaci髇 de las mujeres a causa de sus actividades pol韙icas, tanto si act鷄n como particulares como si son miembros de organizaciones femeninas o de otro tipo.

RECOMENDACI覰 GENERAL N� 24 (20� per韔do de sesiones, 1999)^*

Art韈ulo 12 de la Convenci髇 sobre la eliminaci髇 de todas las formas de discriminaci髇 contra la mujer - La mujer y la salud

1. El Comit� para la Eliminaci髇 de la Discriminaci髇 contra la Mujer, afirmando que el acceso a la atenci髇 de la salud, incluida la salud reproductiva, es un derecho b醩ico previsto en la Convenci髇 sobre la eliminaci髇 de todas las formas de discriminaci髇 contra la mujer, decidi�, en su 20� per韔do de sesiones, con arreglo a lo dispuesto en el art韈ulo 21, hacer una recomendaci髇 general sobre el art韈ulo 12 de la Convenci髇.

Antecedentes

2. El cumplimiento, por los Estados Partes, del art韈ulo 12 de la Convenci髇 es de importancia capital para la salud y el bienestar de la mujer. De conformidad con el texto del art韈ulo 12, los Estados eliminar醤 la discriminaci髇 contra la mujer en lo que respecta a su acceso a los servicios de atenci髇 m閐ica durante todo su ciclo vital, en particular en relaci髇 con la planificaci髇 de la familia, el embarazo, el parto y el per韔do posterior al parto. El examen de los informes presentados por los Estados Partes en cumplimiento del art韈ulo 18 de la Convenci髇 revela que la salud de la mujer es una cuesti髇 de reconocida importancia cuando se desea promover el bienestar de la mujer. En la presente Recomendaci髇 general, destinada tanto a los Estados Partes como a todos los que tienen un especial inter閟 en las cuestiones relativas a la salud de la mujer, se ha procurado detallar la interpretaci髇 dada por el Comit� al art韈ulo 12 y se contemplan medidas encaminadas a eliminar la discriminaci髇 a fin de que la mujer pueda ejercer su derecho al m醩 alto nivel posible de salud.

3. En recientes conferencias mundiales de las Naciones Unidas tambi閚 se ha examinado esa clase de objetivos. Al preparar la presente Recomendaci髇 general, el Comit� ha tenido en cuenta los programas de acci髇 pertinentes aprobados por conferencias mundiales de las Naciones Unidas y, en particular, los de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, la Conferencia Internacional de 1994 sobre la Poblaci髇 y el Desarrollo y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en 1995. El Comit� tambi閚 ha tomado nota de la labor de la Organizaci髇 Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de Poblaci髇 de las Naciones Unidas (FNUAP) y otros 髍ganos de las Naciones Unidas. Asimismo para la preparaci髇 de la presente Recomendaci髇 general, ha colaborado con un gran n鷐ero de organizaciones no gubernamentales con especial experiencia en cuestiones relacionadas con la salud de la mujer.

4. El Comit� se馻la el hincapi� que se hace en otros instrumentos de las Naciones Unidas en el derecho a gozar de salud y de condiciones que permitan lograr una buena salud. Entre esos instrumentos cabe mencionar la Declaraci髇 Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Econ髆icos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol韙icos, la Convenci髇 sobre los Derechos del Ni駉 y la Convenci髇 Internacional sobre la Eliminaci髇 de todas las Formas de Discriminaci髇 Racial.

5. El Comit� se remite asimismo a sus anteriores recomendaciones generales sobre la circuncisi髇 femenina, el virus de inmunodeficiencia humana y el s韓drome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA), las mujeres discapacitadas, la violencia y la igualdad en las relaciones familiares; todas ellas se refieren a cuestiones que representan condiciones indispensables para la plena aplicaci髇 del art韈ulo 12 de la Convenci髇.

6. Si bien las diferencias biol骻icas entre mujeres y hombres pueden causar diferencias en el estado de salud, hay factores sociales que determinan el estado de salud de las mujeres y los hombres, y que pueden variar entre las propias mujeres. Por ello, debe prestarse especial atenci髇 a las necesidades y los derechos en materia de salud de las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables y desfavorecidos como los de las emigrantes, las refugiadas y las desplazadas internas, las ni馻s y las ancianas, las mujeres que trabajan en la prostituci髇, las mujeres aut骳tonas y las mujeres con discapacidad f韘ica o mental.

7. El Comit� toma nota de que la plena realizaci髇 del derecho de la mujer a la salud puede lograrse 鷑icamente cuando los Estados Partes cumplen con su obligaci髇 de respetar, proteger y promover el derecho humano fundamental de la mujer al bienestar nutricional durante todo su ciclo vital mediante la ingesti髇 de alimentos aptos para el consumo, nutritivos y adaptados a las condiciones locales. Para este fin, los Estados Partes deben tomar medidas para facilitar el acceso f韘ico y econ髆ico a los recursos productivos, en especial en el caso de las mujeres de las regiones rurales, y garantizar de otra manera que se satisfagan las necesidades nutricionales especiales de todas las mujeres bajo su jurisdicci髇.

Art韈ulo 12

8. El art韈ulo 12 dice lo siguiente:

"1. Los Estados Partes adoptar醤 todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminaci髇 contra la mujer en la esfera de la atenci髇 m閐ica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atenci髇 m閐ica, inclusive los que se refieren a la planificaci髇 de la familia.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el p醨rafo 1 supra, los Estados Partes garantizar醤 a la mujer servicios apropiados en relaci髇 con el embarazo, el parto y el per韔do posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurar醤 una nutrici髇 adecuada durante el embarazo y la lactancia."

Se alienta a los Estados Partes a ocuparse de cuestiones relacionadas con la salud de la mujer a lo largo de toda la vida de 閟ta. Por lo tanto, a los efectos de la presente Recomendaci髇 general, el t閞mino "mujer" abarca asimismo a la ni馻 y a la adolescente. En la presente Recomendaci髇 general se expone el an醠isis efectuado por el Comit� de los elementos fundamentales del art韈ulo 12.

Elementos fundamentales

Art韈ulo 12, p醨rafo 1

9. Los Estados Partes son los que est醤 en mejores condiciones de informar sobre las cuestiones de importancia cr韙ica en materia de salud que afectan a las mujeres de cada pa韘. Por lo tanto, a fin de que el Comit� pueda evaluar si las medidas encaminadas a eliminar la discriminaci髇 contra la mujer en la esfera de la atenci髇 m閐ica son apropiadas, los Estados Partes deben basar su legislaci髇 y sus planes y pol韙icas en materia de salud de la mujer en datos fidedignos sobre la incidencia y la gravedad de las enfermedades y las condiciones que ponen en peligro la salud y la nutrici髇 de la mujer, as� como la disponibilidad y eficacia en funci髇 del costo de las medidas preventivas y curativas. Los informes que se presentan al Comit� deben demostrar que la legislaci髇, los planes y las pol韙icas en materia de salud se basan en investigaciones y evaluaciones cient韋icas y 閠icas del estado y las necesidades de salud de la mujer en el pa韘 y tienen en cuenta todas las diferencias de car醕ter 閠nico, regional o a nivel de la comunidad, o las pr醕ticas basadas en la religi髇, la tradici髇 o la cultura.

10. Se alienta a los Estados Partes a que incluyan en los informes informaci髇 sobre enfermedades o condiciones peligrosas para la salud que afectan a la mujer o a algunos grupos de mujeres de forma diferente que al hombre y sobre las posibles intervenciones a ese respecto.

11. Las medidas tendientes a eliminar la discriminaci髇 contra la mujer no se considerar醤 apropiadas cuando un sistema de atenci髇 m閐ica carezca de servicios para prevenir, detectar y tratar enfermedades propias de la mujer. La negativa de un Estado Parte a prever la prestaci髇 de determinados servicios de salud reproductiva a la mujer en condiciones legales resulta discriminatoria. Por ejemplo, si los encargados de prestar servicios de salud se niegan a prestar esa clase de servicios por razones de conciencia, deber醤 adoptarse medidas para que remitan a la mujer a otras entidades que prestan esos servicios.

12. Los Estados Partes deber韆n informar sobre c髆o interpretan la forma en que las pol韙icas y las medidas sobre atenci髇 m閐ica abordan los derechos de la mujer en materia de salud desde el punto de vista de las necesidades y los intereses propios de la mujer y en qu� forma la atenci髇 m閐ica tiene en cuenta caracter韘ticas y factores privativos de la mujer en relaci髇 con el hombre, como los siguientes:

a) Factores biol骻icos que son diferentes para la mujer y el hombre, como la menstruaci髇, la funci髇 reproductiva y la menopausia. Otro ejemplo es el mayor riesgo que corre la mujer de resultar expuesta a enfermedades transmitidas por contacto sexual;

b) Factores socioecon髆icos que son diferentes para la mujer en general y para algunos grupos de mujeres en particular. Por ejemplo, la desigual relaci髇 de poder entre la mujer y el hombre en el hogar y en el lugar de trabajo puede repercutir negativamente en la salud y la nutrici髇 de la mujer. Las distintas formas de violencia de que 閟ta pueda ser objeto pueden afectar a su salud. Las ni馻s y las adolescentes con frecuencia est醤 expuestas a abuso sexual por parte de familiares y hombres mayores; en consecuencia, corren el riesgo de sufrir da駉s f韘icos y psicol骻icos y embarazos indeseados o prematuros. Algunas pr醕ticas culturales o tradicionales, como la mutilaci髇 genital de la mujer, conllevan tambi閚 un elevado riesgo de muerte y discapacidad;

c) Entre los factores psicosociales que son diferentes para el hombre y la mujer figuran la depresi髇 en general y la depresi髇 en el per韔do posterior al parto en particular, as� como otros problemas psicol骻icos, como los que causan trastornos del apetito, tales como anorexia y bulimia;

d) La falta de respeto del car醕ter confidencial de la informaci髇 afecta tanto al hombre como a la mujer, pero puede disuadir a la mujer de obtener asesoramiento y tratamiento y, por consiguiente, afectar negativamente su salud y bienestar. Por esa raz髇, la mujer estar� menos dispuesta a obtener atenci髇 m閐ica para tratar enfermedades de los 髍ganos genitales, utilizar medios anticonceptivos o atender a casos de abortos incompletos, y en los casos en que haya sido v韈tima de violencia sexual o f韘ica.

13. El deber de los Estados Partes de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a los servicios de atenci髇 m閐ica, la informaci髇 y la educaci髇, entra馻 la obligaci髇 de respetar y proteger los derechos de la mujer en materia de atenci髇 m閐ica y velar por su ejercicio. Los Estados Partes han de garantizar el cumplimiento de esas tres obligaciones en su legislaci髇, sus medidas ejecutivas y sus pol韙icas. Tambi閚 deben establecer un sistema que garantice la eficacia de las medidas judiciales. El hecho de no hacerlo constituir� una violaci髇 del art韈ulo 12.

14. La obligaci髇 de respetar los derechos exige que los Estados Partes se abstengan de poner trabas a las medidas adoptadas por la mujer para conseguir sus objetivos en materia de salud. Los Estados Partes han de informar sobre el modo en que los encargados de prestar servicios de atenci髇 de la salud en los sectores p鷅lico y privado cumplen con su obligaci髇 de respetar el derecho de la mujer de acceder a la atenci髇 m閐ica. Por ejemplo, los Estados Partes no deben restringir el acceso de la mujer a los servicios de atenci髇 m閐ica ni a los dispensarios que los prestan por el hecho de carecer de autorizaci髇 de su esposo, su compa馿ro, sus padres o las autoridades de salud, por no estar casada^* o por su condici髇 de mujer. El acceso de la mujer a una adecuada atenci髇 m閐ica tropieza tambi閚 con otros obst醕ulos, como las leyes que penalizan ciertas intervenciones m閐icas que afectan exclusivamente a la mujer y castigan a las mujeres que se someten a dichas intervenciones.

15. La obligaci髇 de proteger los derechos relativos a la salud de la mujer exige que los Estados Partes, sus agentes y sus funcionarios adopten medidas para impedir la violaci髇 de esos derechos por parte de los particulares y organizaciones e imponga sanciones a quienes cometan esas violaciones. Puesto que la violencia por motivos de g閚ero es una cuesti髇 relativa a la salud de importancia cr韙ica para la mujer, los Estados Partes deben garantizar:

a) La promulgaci髇 y aplicaci髇 eficaz de leyes y la formulaci髇 de pol韙icas, incluidos los protocolos sanitarios y procedimientos hospitalarios, que aborden la violencia contra la mujer y los abusos deshonestos de las ni馻s, y la prestaci髇 de los servicios sanitarios apropiados;

b) La capacitaci髇 de los trabajadores de la salud sobre cuestiones relacionadas con el g閚ero de manera que puedan detectar y tratar las consecuencias que tiene para la salud la violencia basada en el g閚ero;

c) Los procedimientos justos y seguros para atender las denuncias e imponer las sanciones correspondientes a los profesionales de la salud culpables de haber cometido abusos sexuales contra las pacientes;

d) La promulgaci髇 y aplicaci髇 eficaz de leyes que proh韇en la mutilaci髇 genital de la mujer y el matrimonio precoz.

16. Los Estados Partes deben velar por que las mujeres en circunstancias especialmente dif韈iles, como las que se encuentren en situaciones de conflicto armado y las refugiadas, reciban suficiente protecci髇 y servicios de salud, incluidos el tratamiento de los traumas y la orientaci髇 pertinente.

17. El deber de velar por el ejercicio de esos derechos impone a los Estados Partes la obligaci髇 de adoptar medidas adecuadas de car醕ter legislativo, judicial, administrativo, presupuestario, econ髆ico y de otra 韓dole en el mayor grado que lo permitan los recursos disponibles para que la mujer pueda disfrutar de sus derechos a la atenci髇 m閐ica. Los estudios que ponen de relieve las elevadas tasas mundiales de mortalidad y morbilidad derivadas de la maternidad y el gran n鷐ero de parejas que desean limitar el n鷐ero de hijos pero que no tienen acceso a ning鷑 tipo de anticonceptivos o no los utilizan constituyen una indicaci髇 importante para los Estados Partes de la posible violaci髇 de sus obligaciones de garantizar el acceso a la atenci髇 m閐ica de la mujer. El Comit� pide a los Estados Partes que informen sobre las medidas que han adoptado para abordar en toda su magnitud el problema de la mala salud de la mujer, particularmente cuando dimana de enfermedades que pueden prevenirse, como la tuberculosis y el VIH/SIDA. Preocupa al Comit� el hecho de que cada vez se da m醩 el caso de que los Estados renuncian a cumplir esas obligaciones, ya que transfieren a organismos privados funciones estatales en materia de salud. Los Estados Partes no pueden eximirse de su responsabilidad en esos 醡bitos mediante una delegaci髇 o transferencia de esas facultades a organismos del sector privado. Por ello, los Estados Partes deben informar sobre las medidas que hayan adoptado para organizar su administraci髇 y todas las estructuras de las que se sirven los poderes p鷅licos para promover y proteger la salud de la mujer, as� como sobre las medidas positivas que hayan adoptado para poner coto a las violaciones cometidas por terceros de los derechos de la mujer y sobre las medidas que hayan adoptado para asegurar la prestaci髇 de esos servicios.

18. Las cuestiones relativas al VIH/SIDA y otras enfermedades transmitidas por contacto sexual tienen importancia vital para el derecho de la mujer y la adolescente a la salud sexual. Las adolescentes y las mujeres adultas en muchos pa韘es carecen de acceso suficiente a la informaci髇 y los servicios necesarios para garantizar la salud sexual. Como consecuencia de las relaciones desiguales de poder basadas en el g閚ero, las mujeres adultas y las adolescentes a menudo no pueden negarse a tener relaciones sexuales ni insistir en pr醕ticas sexuales responsables y sin riesgo. Pr醕ticas tradicionales nocivas, como la mutilaci髇 genital de la mujer y la poligamia, al igual que la violaci髇 marital, tambi閚 pueden exponer a las ni馻s y mujeres al riesgo de contraer VIH/SIDA y otras enfermedades transmitidas por contacto sexual. Las mujeres que trabajan en la prostituci髇 tambi閚 son especialmente vulnerables a estas enfermedades. Los Estados Partes deben garantizar, sin prejuicio ni discriminaci髇, el derecho a informaci髇, educaci髇 y servicios sobre salud sexual para todas las mujeres y ni馻s, incluidas las que hayan sido objeto de trata, aun si no residen legalmente en el pa韘. En particular, los Estados Partes deben garantizar los derechos de los adolescentes de ambos sexos a educaci髇 sobre salud sexual y gen閟ica por personal debidamente capacitado en programas especialmente concebidos que respeten sus derechos a la intimidad y la confidencialidad.

19. En sus informes, los Estados Partes deben indicar qu� criterios utilizan para determinar si la mujer tiene acceso a la atenci髇 m閐ica, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, lo que permitir� determinar en qu� medida cumplen con lo dispuesto en el art韈ulo 12. Al utilizar esos criterios, los Estados Partes deben tener presente lo dispuesto en el art韈ulo 1 de la Convenci髇. Por ello, los informes deben incluir observaciones sobre las repercusiones que tengan para la mujer, por comparaci髇 con el hombre, las pol韙icas, los procedimientos, las leyes y los protocolos en materia de atenci髇 m閐ica.

20. Las mujeres tienen el derecho a estar plenamente informadas por personal debidamente capacitado de sus opciones al aceptar tratamiento o investigaci髇, incluidos los posibles beneficios y los posibles efectos desfavorables de los procedimientos propuestos y las opciones disponibles.

21. Los Estados Partes deben informar sobre las medidas que han adoptado para eliminar los obst醕ulos con que tropieza la mujer para acceder a servicios de atenci髇 m閐ica, as� como sobre las medidas que han adoptado para velar por el acceso oportuno y asequible de la mujer a dichos servicios. Esos obst醕ulos incluyen requisitos o condiciones que menoscaban el acceso de la mujer, como los honorarios elevados de los servicios de atenci髇 m閐ica, el requisito de la autorizaci髇 previa del c髇yuge, el padre o las autoridades sanitarias, la lejan韆 de los centros de salud y la falta de transporte p鷅lico adecuado y asequible.

22. Adem醩, los Estados Partes deben informar sobre las medidas que han adoptado para garantizar el acceso a servicios de atenci髇 m閐ica de calidad, lo que entra馻, por ejemplo, lograr que sean aceptables para la mujer. Son aceptables los servicios que se prestan si se garantiza el consentimiento previo de la mujer con pleno conocimiento de causa, se respeta su dignidad, se garantiza su intimidad y se tienen en cuenta sus necesidades y perspectivas. Los Estados Partes no deben permitir formas de coerci髇, tales como la esterilizaci髇 sin consentimiento o las pruebas obligatorias de enfermedades ven閞eas o de embarazo como condici髇 para el empleo, que violan el derecho de la mujer a la dignidad y dar su consentimiento con conocimiento de causa.

23. En sus informes, los Estados Partes deben indicar qu� medidas han adoptado para garantizar el acceso oportuno a la gama de servicios relacionados con la planificaci髇 de la familia en particular y con la salud sexual y gen閟ica en general. Se debe prestar atenci髇 especial a la educaci髇 sanitaria de los adolescentes, incluso proporcionarles informaci髇 y asesoramiento sobre todos los m閠odos de planificaci髇 de la familia^*.

24. El Comit� est� preocupado por las condiciones de los servicios de atenci髇 m閐ica a las mujeres de edad, no s髄o porque las mujeres a menudo viven m醩 que los hombres y son m醩 proclives que los hombres a padecer enfermedades cr髇icas degenerativas y que causan discapacidad, como la osteoporosis y la demencia, sino tambi閚 porque suelen tener la responsabilidad de atender a sus c髇yuges ancianos. Por consiguiente, los Estados Partes deber韆n adoptar medidas apropiadas para garantizar el acceso de las mujeres de edad a los servicios de salud que atiendan las minusval韆s y discapacidades que trae consigo el envejecimiento.

25. Con frecuencia, las mujeres con discapacidad de todas las edades tienen dificultades para tener acceso f韘ico a los servicios de salud. Las mujeres con deficiencias mentales son especialmente vulnerables, y en general se conoce poco la amplia gama de riesgos que corre desproporcionadamente la salud mental de las mujeres por efecto de la discriminaci髇 por motivo de g閚ero, la violencia, la pobreza, los conflictos armados, los desplazamientos y otras formas de privaciones sociales. Los Estados Partes deber韆n adoptar las medidas apropiadas para garantizar que los servicios de salud atiendan las necesidades de las mujeres con discapacidades y respeten su dignidad y sus derechos humanos.

Art韈ulo 12, p醨rafo 2

26. En sus informes, los Estados Partes han de indicar tambi閚 qu� medidas han adoptado para garantizar a la mujer servicios apropiados en relaci髇 con el embarazo, el parto y el per韔do posterior al parto. Asimismo debe indicarse en qu� proporci髇 han disminuido en su pa韘 en general y en las regiones y comunidades vulnerables en particular las tasas de mortalidad y morbilidad derivadas de la maternidad de resultas de la adopci髇 de esas medidas.

27. En sus informes, los Estados Partes deben indicar en qu� medida prestan los servicios gratuitos necesarios para garantizar que los embarazos, los partos y los puerperios tengan lugar en condiciones de seguridad. Muchas mujeres corren peligro de muerte o pueden quedar discapacitadas por circunstancias relacionadas con el embarazo cuando carecen de recursos econ髆icos para disfrutar de servicios que resultan necesarios o acceder a ellos, como los servicios previos y posteriores al parto y los servicios de maternidad. El Comit� observa que es obligaci髇 de los Estados Partes garantizar el derecho de la mujer a servicios de maternidad gratuitos y sin riesgos y a servicios obst閠ricos de emergencia, y que deben asignar a esos servicios el m醲imo de recursos disponibles.

Otros art韈ulos pertinentes de la Convenci髇

28. Se insta a los Estados Partes a que, cuando informen sobre las medidas adoptadas en cumplimiento del art韈ulo 12, reconozcan su vinculaci髇 con otros art韈ulos de la Convenci髇 relativos a la salud de la mujer. Entre esos otros art韈ulos figuran el apartado b) del art韈ulo 5, que exige que los Estados Partes garanticen que la educaci髇 familiar incluya una comprensi髇 adecuada de la maternidad como funci髇 social; el art韈ulo 10, en el que se exige que los Estados Partes aseguren las mismas oportunidades de acceso a los programas de educaci髇, los cuales permitir醤 que la mujer tenga un acceso m醩 f醕il a la atenci髇 m閐ica, reduzcan la tasa de abandono femenino de los estudios, que frecuentemente obedece a embarazos prematuros; el apartado h) del p醨rafo 10, que exige que los Estados Partes faciliten a mujeres y ni馻s acceso al material informativo espec韋ico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la informaci髇 y el asesoramiento sobre planificaci髇 de la familia; el art韈ulo 11, que se ocupa en parte de la protecci髇 de la salud y la seguridad de la mujer en las condiciones de trabajo, lo que incluye la salvaguardia de la funci髇 de reproducci髇, la protecci髇 especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajo que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella y la implantaci髇 de la licencia de maternidad; el apartado b) del p醨rafo 2 del art韈ulo 14, que exige que los Estados Partes aseguren a la mujer de las zonas rurales el acceso a servicios adecuados de atenci髇 m閐ica, inclusive informaci髇, asesoramiento y servicios en materia de planificaci髇 de la familia; y el apartado h) del p醨rafo 2 del art韈ulo 14, que obliga a los Estados Partes a adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones, sectores todos ellos primordiales para prevenir las enfermedades y fomentar una buena atenci髇 m閐ica; y el apartado e) del p醨rafo 1 del art韈ulo 16, que exige que los Estados Partes aseguren que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre a decidir libre y responsablemente el n鷐ero de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la informaci髇, la educaci髇 y los medios que les permitan ejercer esos derechos. Adem醩, en el p醨rafo 2 del art韈ulo 16 se proh韇en los esponsales y el matrimonio de ni駉s, lo que tiene importancia para impedir el da駉 f韘ico y emocional que causan a la mujer los partos a edad temprana.

Recomendaciones para la adopci髇 de medidas por parte de los gobiernos

29. Los Estados Partes deber韆n ejecutar una estrategia nacional amplia para fomentar la salud de la mujer durante todo su ciclo de vida. Esto incluir� intervenciones dirigidas a la prevenci髇 y el tratamiento de enfermedades y afecciones que ata馿n a la mujer, al igual que respuestas a la violencia contra la mujer, y a garantizar el acceso universal de todas las mujeres a una plena variedad de servicios de atenci髇 de la salud de gran calidad y asequibles, incluidos servicios de salud sexual y gen閟ica.

30. Los Estados Partes deber韆n asignar suficientes recursos presupuestarios, humanos y administrativos para garantizar que se destine a la salud de la mujer una parte del presupuesto total de salud comparable con la de la salud del hombre, teniendo en cuenta sus diferentes necesidades en materia de salud.

31. Los Estados Partes tambi閚 deber韆n, en particular:

a) Situar una perspectiva de g閚ero en el centro de todas las pol韙icas y los programas que afecten a la salud de la mujer y hacer participar a 閟ta en la planificaci髇, la ejecuci髇 y la vigilancia de dichas pol韙icas y programas y en la prestaci髇 de servicios de salud a la mujer;

b) Garantizar la eliminaci髇 de todas las barreras al acceso de la mujer a los servicios, la educaci髇 y la informaci髇 sobre salud, inclusive en la esfera de la salud sexual y gen閟ica y, en particular, asignar recursos a programas orientados a las adolescentes para la prevenci髇 y el tratamiento de enfermedades ven閞eas, incluido el virus de inmunodeficiencia humana/s韓drome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA);

c) Dar prioridad a la prevenci髇 del embarazo no deseado mediante la planificaci髇 de la familia y la educaci髇 sexual y reducir las tasas de mortalidad derivada de la maternidad mediante servicios de maternidad sin riesgo y asistencia prenatal. En la medida de lo posible, deber韆 enmendarse la legislaci髇 que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos;

d) Supervisar la prestaci髇 de servicios de salud a la mujer por las organizaciones p鷅licas, no gubernamentales y privadas para garantizar la igualdad del acceso y la calidad de la atenci髇;

e) Exigir que todos los servicios de salud sean compatibles con los derechos humanos de la mujer, inclusive sus derechos a la autonom韆, intimidad, confidencialidad, consentimiento y opci髇 con conocimiento de causa;

f) Velar por que los programas de estudios para la formaci髇 de los trabajadores sanitarios incluyan cursos amplios, obligatorios y que tengan en cuenta los intereses de la mujer sobre su salud y sus derechos humanos, en especial la violencia basada en el g閚ero.

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