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"[...] puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz",
Constituci¨®n de la UNESCO

Panorama internacional

?C¨®mo podemos aspirar a la justicia social y la paz en medio de la corrupci¨®n generalizada, el creciente gasto militar, la violaci¨®n sistem¨¢tica de los derechos humanos y la prevalencia de codiciosos intereses comerciales?

Desde que se aprob¨® la Declaraci¨®n Universal de Derechos Humanos en 1948, ha habido consenso en que "la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intr¨ªnseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana". Seg¨²n se afirma en la Declaraci¨®n y Programa de Acci¨®n sobre una Cultura de Paz, aprobada en 1999, "la paz no s¨®lo es la ausencia de conflictos, sino que tambi¨¦n requiere un proceso positivo, din¨¢mico y participativo en que se promueva el di¨¢logo y se solucionen los conflictos en un esp¨ªritu de entendimiento y cooperaci¨®n mutuos"; a la vez que se subraya "la necesidad de eliminar todas las formas de discriminaci¨®n e intolerancia", lo que apunta a las desigualdades profundamente arraigadas, integradas en construcciones hist¨®ricas sociales, que precisan la transformaci¨®n de estructuras, comportamientos y actitudes.

Sin lugar a dudas, fomentar una cultura de paz a trav¨¦s de la educaci¨®n se estableci¨® como prioridad, reconociendo as¨ª que el derecho a la educaci¨®n facilita otros derechos, pues se supone que la educaci¨®n puede promover un conjunto de valores, actitudes y formas de comportamiento, lo que permite a las personas "resolver conflictos por medios pac¨ªficos y en un esp¨ªritu de respeto por la dignidad humana y de tolerancia y no discriminaci¨®n". La declaraci¨®n se?ala otros aspectos fundamentales, como son la justicia econ¨®mica, social y ambiental, la igualdad de g¨¦nero y la participaci¨®n democr¨¢tica, incluido el ¨¦nfasis en las pr¨¢cticas y los principios democr¨¢ticos a todos los niveles de la educaci¨®n formal y no formal.

En junio de 2000, se public¨® la Carta de la Tierra, donde se reiteran dichos principios y se incorporan disposiciones que subrayan la integridad ecol¨®gica y el respeto por la naturaleza y la Madre Tierra. En concreto, la Carta se refiere a la importancia de proteger los derechos a la libertad de opini¨®n, expresi¨®n, reuni¨®n pac¨ªfica, asociaci¨®n y disentimiento, as¨ª como de integrar en la educaci¨®n formal y el aprendizaje permanente los conocimientos, los valores y las aptitudes que se necesitan para lograr una forma de vida sostenible y sin violencia.

Estos compromisos de larga data ahora constituyen la base sobre la que se sustentan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, entre ellos, el ODS 16, relativo a las sociedades pac¨ªficas e inclusivas, y el ODS 4, relativo a la educaci¨®n inclusiva y equitativa de calidad, cuya meta 4.7 otorga prioridad a la educaci¨®n para el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la paz.

A pesar de estos marcos, las perspectivas en cuanto a la prevenci¨®n de conflictos son poco alentadoras. En la Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organizaci¨®n de 2016 (documento A/71/1), en la secci¨®n titulada "Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales", se se?ala que los dirigentes pol¨ªticos est¨¢n lejos de garantizar entornos pac¨ªficos y equitativos que respeten el estado de derecho, y que se siguen desviando recursos del desarrollo a las actividades b¨¦licas. Se est¨¢n produciendo atrocidades que afectan a los ni?os, y cada vez m¨¢s personas se ven obligadas a huir de sus hogares debido a la persistencia de los conflictos armados y el extremismo violento.

El contexto de Am¨¦rica Latina

Las convenciones, declaraciones, cartas y agendas internacionales mencionadas han sido plenamente adoptadas por los Estados latinoamericanos, que, de hecho, contribuyeron de forma esencial a que se aprobara la Declaraci¨®n sobre el Derecho a la Paz de 2016 propuesta por el Consejo de Derechos Humanos. Ocho Estados latinoamericanos votaron a favor y no hubo votos en contra ni abstenciones. Adem¨¢s, la regi¨®n ha establecido sus propios acuerdos, como por ejemplo la Carta Democr¨¢tica Interamericana. Esta ¨²ltima se?ala la relaci¨®n de refuerzo mutuo entre el disfrute de los derechos humanos y las democracias consolidadas y participativas. Al igual que otros instrumentos, tambi¨¦n destaca el papel fundamental de la educaci¨®n en la concienciaci¨®n y la verdadera participaci¨®n en los procesos de adopci¨®n de decisiones. Es conveniente se?alar que, conforme a la Iniciativa Global para Acabar con Todo Castigo Corporal hacia Ni?os y Ni?as¹, la legislaci¨®n de todos los Estados de Am¨¦rica Latina, a excepci¨®n de Guatemala y Panam¨¢, proh¨ªbe el castigo corporal en las escuelas, y diez pa¨ªses proh¨ªben el castigo corporal en todos los contextos, incluido el hogar (Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Per¨², Uruguay y Venezuela (Rep¨²blica Bolivariana de)).

Seg¨²n el Observatorio Regional de Conflictividad, iniciativa conjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundaci¨®n UNIR, los conflictos de la regi¨®n est¨¢n relacionados especialmente con la debilidad de las instituciones p¨²blicas, la pobreza generalizada y la desigualdad extrema, el reducido nivel de participaci¨®n ciudadana y el no reconocimiento de identidades².

Asimismo, en la regi¨®n persisten m¨²ltiples formas de discriminaci¨®n, como la racial y la ¨¦tnica, que a menudo desembocan en conflictos y violencia. Lamentablemente, en la regi¨®n tambi¨¦n se observa un creciente nivel de discriminaci¨®n por raz¨®n de g¨¦nero, y las tasas de feminicidio resultan alarmantes.

Los datos demuestran que entre los 25 pa¨ªses con las tasas m¨¢s altas de feminicidio del mundo, 14 se encuentran en Am¨¦rica Latina y el Caribe³. La regi¨®n tambi¨¦n tiene tasas muy elevadas de violencia contra la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT), aunque dispone de algunas de las leyes m¨¢s progresistas en relaci¨®n con la igualdad y la protecci¨®n de dicha comunidad. Por lo tanto, preocupa enormemente que se est¨¦n tomando medidas regresivas en materia de g¨¦nero en algunos pa¨ªses latinoamericanos, donde se est¨¢ eliminando la referencia a las cuestiones de g¨¦nero en los proyectos educativos y los planes de estudios. En el Brasil, las autoridades han efectuado este cambio a escala nacional, as¨ª como en muchos de sus estados, bas¨¢ndose en la redefinici¨®n peyorativa de la igualdad de g¨¦nero como "ideolog¨ªa de g¨¦nero". En el Per¨², el Gobierno desea implementar un plan de estudios que tenga en cuenta las cuestiones de g¨¦nero, en consonancia con los ODS 4 y 5, pero est¨¢ encontrando la resistencia intensa de los sectores conservadores de su poblaci¨®n, que encabezan una campa?a titulada "Con mis hijos no te metas".

Estos solo son algunos ejemplos de una tendencia m¨¢s amplia a la polarizaci¨®n en los asuntos sociales y pol¨ªticos de Am¨¦rica Latina, que supone un descenso de la tolerancia ante el disentimiento y un peligroso aumento de la "cultura de odio", a menudo impulsada por sectores de los medios de comunicaci¨®n dominantes. Esto se evidencia a¨²n m¨¢s en varios incidentes de represi¨®n estudiantil que han ocurrido recientemente. Se han producido graves conflictos entre las autoridades de la Universidad Nacional Aut¨®noma de Honduras y sus estudiantes, lo que ha provocado la criminalizaci¨®n de sus actos de desobediencia civil. En M¨¦xico, los actos de represi¨®n van dirigidos especialmente a los estudiantes que aspiran a convertirse en docentes de escuelas rurales; muestra de ello fue la desaparici¨®n emblem¨¢tica de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en 2014, que todav¨ªa siguen desaparecidos. En el Brasil, Chile, Colombia y el Paraguay se han constatado otros casos de represi¨®n estudiantil relacionados con protestas pac¨ªficas en defensa de la educaci¨®n p¨²blica, el aumento de la ayuda financiera y el derecho a participar en la formulaci¨®n de pol¨ªticas.

Como se se?ala en el informe de 2016 de la Alianza Mundial para la Participaci¨®n Ciudadana (CIVICUS), las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos afrontan trabas administrativas y legales, restricciones del ejercicio de la libertad de asociaci¨®n y la intimidaci¨®n y el asesinato selectivo de activistas y defensores de los derechos humanos. Todo ello a pesar de los marcos jur¨ªdicos internacionales, regionales y nacionales que reconocen los derechos fundamentales de libertad de asociaci¨®n, reuni¨®n pac¨ªfica y expresi¨®n. En dicho informe se pone de relieve que ¡°dos problemas apremiantes e interconectados afectan tambi¨¦n la calidad del espacio c¨ªvico en ALC: la corrupci¨®n gubernamental y la influencia de intereses empresariales depredadores¡±⁴, en particular los de las industrias extractivas, los agronegocios y los proyectos de construcci¨®n a gran escala.

Fortalecimiento de las democracias, la participaci¨®n y el derecho a la educaci¨®n: los pilares de la justicia, la igualdad y la soluci¨®n pac¨ªfica de conflictos

El fortalecimiento de las democracias, el aumento de la participaci¨®n social significativa y la plena efectividad del derecho a la educaci¨®n son denominadores comunes en todas las convenciones y resoluciones sobre la paz y los derechos humanos, a nivel tanto regional como internacional. Como ya se ha se?alado, las causas estructurales de la violencia, los conflictos y los disturbios guardan relaci¨®n con el nivel creciente de desigualdad y concentraci¨®n de la riqueza ¡ªseg¨²n el cual en 2017, ocho multimillonarios poseen la misma riqueza que la mitad m¨¢s pobre de la poblaci¨®n mundial⁵¡ª, as¨ª como con la persistencia de m¨²ltiples formas de discriminaci¨®n, la participaci¨®n escasa o inexistente y otras amenazas conexas del espacio c¨ªvico. Es necesario que todos los grupos y personas puedan participar en pie de igualdad en el debate p¨²blico y la adopci¨®n de decisiones, para promover eficazmente la justicia y, de esta forma, resolver el problema de la distribuci¨®n desigual del poder⁶.

La posibilidad de participar en condiciones de paridad implica la existencia de relaciones horizontales y la promoci¨®n de una cultura de di¨¢logo, capaz de reconocer el disentimiento sin recurrir a la violencia. Esta debe ser la base de todo intento de promover la igualdad y la soluci¨®n pac¨ªfica de conflictos, as¨ª como una cultura de la paz. El educador brasile?o Paulo Freire tuvo gran influencia en el establecimiento del nexo entre la participaci¨®n y la educaci¨®n, el cual incluye el di¨¢logo, la concienciaci¨®n, el pensamiento cr¨ªtico y la acci¨®n-reflexi¨®n, situado en un contexto social e hist¨®rico, donde "leer el mundo precede a leer la palabra"⁷.

Resulta evidente que el derecho a la educaci¨®n es, por tanto, una pieza clave en favor de la igualdad y la paz, ya sea en contextos formales o no formales, en tanto en cuanto que promueve el pensamiento cr¨ªtico, la solidaridad, una cultura de di¨¢logo, el debate y la participaci¨®n, la horizontalidad, el reconocimiento de las diferencias y la pluralidad, la superaci¨®n de todas las formas de discriminaci¨®n arraigadas desde el punto de vista hist¨®rico y cultural, y la posibilidad de impulsar el cambio estructural.

Conviene preguntarse lo siguiente: ?a qu¨¦ conceden prioridad los Gobiernos? En 2016, el gasto militar mundial ascendi¨® a unos 1,69 billones de d¨®lares, mientras que el gasto en la educaci¨®n de los ni?os en los pa¨ªses de ingresos bajos y medianos, por ejemplo, fue de 1,2 billones de d¨®lares⁸, y se calcula que el d¨¦ficit de financiaci¨®n procedente de donantes en estos pa¨ªses para ofrecer educaci¨®n preescolar, primaria y secundaria se sit¨²a en 39.000 millones de d¨®lares al a?o, aun cuando los presupuestos nacionales siguen aumentando. Evidentemente, reducir el gasto militar para destinarlo a los derechos humanos y el desarrollo sostenible indicar¨ªa un cambio muy necesario en la voluntad pol¨ªtica y el establecimiento de prioridades.

No obstante, el gasto militar parece insignificante en comparaci¨®n con la cantidad depositada en para¨ªsos fiscales. De acuerdo con una estimaci¨®n conservadora, 7,6 billones de d¨®lares, es decir, el 8% de la riqueza mundial, que incluye el 30% de la riqueza de ?frica, se encuentran en para¨ªsos fiscales transnacionales⁹. Un an¨¢lisis m¨¢s amplio considera que esta cantidad se sit¨²a entre 24 y 36 billones de d¨®lares¹⁰, m¨¢s que suficiente para pagar unos servicios p¨²blicos de calidad, incluida la educaci¨®n, para toda la poblaci¨®n mundial.

En Am¨¦rica Latina, los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos poseen un legado hist¨®rico y gran parte de lo que se ha logrado en la regi¨®n, en cuanto a derechos, dignidad, justicia y paz, es el resultado de sus luchas y movilizaciones durante mucho tiempo. Sin duda, los ODS ofrecen un contexto singular para empoderar a la sociedad civil en sus esfuerzos por afrontar las causas fundamentales de la injusticia, en particular, el actual modelo econ¨®mico que concentra la riqueza y antepone el lucro a las personas, las formas persistentes y arraigadas de discriminaci¨®n, y el reducido espacio para la participaci¨®n. Se trata de una agenda mundial que implica a todos los pueblos y naciones y los compromete con unos principios, objetivos y metas comunes, al tiempo que fomenta amplias alianzas de la sociedad civil, en todos los continentes y sectores, que impulsan la solidaridad y la colaboraci¨®n mutua en cuestiones estructurales que es necesario abordar.

Notas

1????? Iniciativa Global para Acabar con Todo Castigo Corporal hacia Ni?os y Ni?as, ¡°Progress towards prohibiting all corporal punishment in Latin American and the Caribbean¡±, an¨¢lisis (Londres, 2017). Puede consultarse en .

2????? Roderick Brett, Curso: Conflictos y Construcci¨®n de Paz en Am¨¦rica Latina (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Panam¨¢, 2014). Puede consultarse en.

3????? ONU-Mujeres, ¡°Take five: fighting femicide in Latin America¡±, 15 de febrero de 2017.
Puede consultarse en .

4????? In¨¦s M. Pousadela, ¡°Amenazas al espacio c¨ªvico en Am¨¦rica Latina y el Caribe¡±, informe (Johannesburgo, CIVICUS, 2016), p¨¢g. 2. Puede consultarse en .

5????? OXFAM, ¡°Una econom¨ªa para el 99%. Es hora de construir una econom¨ªa m¨¢s humana y justa al servicio de las personas¡±, informe, enero de 2017. Puede consultarse en .

6????? Nancy Fraser, ¡°Recognition without ethics?¡±, Theory, Culture and Society, vol. 18, n¨²m. 2-3 (1 de junio de 2001), p¨¢gs. 21 a 42. Puede consultarse en .

7????? Paulo Freire y Donaldo P. Macedo, Literacy: Reading the Word and the World, 1998.?

8??? Comisi¨®n Internacional sobre la Financiaci¨®n de las Oportunidades de Educaci¨®n Mundial, ¡°La Generaci¨®n del aprendizaje. Invertir en educaci¨®n para un mundo en proceso de cambio¡±, informe (Nueva York, 2016), p¨¢g. 3. Puede consultarse en.

9????? Gabriel Zucman, The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens (Chicago y Londres, University of Chicago Press, 2015), p¨¢gs. ix y 3; Puede consultarse enTax Justice Network, ¡°Tax havens¡±. Puede consultarse en (consultado el 15 de agosto de 2017).

10?? Ibid.