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Con una proporci¨®n cada vez mayor de sus vecinos en prisi¨®n, en libertad condicional o en situaci¨®n de riesgo, las comunidades de nativos en todo el mundo tienen ahora que afrontar otro problema urgente. Las estad¨ªsticas demuestran que el porcentaje de ind¨ªgenas en situaci¨®n de conflicto con el sistema de administraci¨®n de justicia es muy elevado y que en muchos lugares ese porcentaje puede estar aumentando.

En el Canad¨¢, esta cuesti¨®n ha sido objeto de un intenso escrutinio en los ¨²ltimos a?os. Seg¨²n el Centro Canadiense de Estad¨ªsticas de la Justicia, los abor¨ªgenes representan el 19% de los reclusos federales, mientras que entre la poblaci¨®n en general s¨®lo representan el 3% aproximadamente. Entre 1997 y 2000, los abor¨ªgenes tuvieron 10 veces m¨¢s probabilidades de ser acusados de homicidio que los no abor¨ªgenes. El porcentaje de nativos en las prisiones canadienses aument¨® un 22% entre 1996 y 2004, mientras que la poblaci¨®n reclusa general disminuy¨® un 12%. En otras sociedades an¨¢logas, las diferencias son igualmente asombrosas.

Aunque esas cifras ya de por s¨ª dicen mucho, no son sino la punta visible del iceberg. "Estamos enfrent¨¢ndonos a los efectos retardados de la colonizaci¨®n", ha afirmado Beverly Jacobs, Presidenta de la Asociaci¨®n de Mujeres Nativas del Canad¨¢. "La colonizaci¨®n ha tenido repercusiones muy concretas sobre las personas". La Sra. Jacobs cree demostrado que el subseguirse de generaciones que han sufrido pobreza, abusos y discriminaci¨®n ha tenido efectos tremendos sobre las comunidades nativas, que han desembocado a menudo en la comisi¨®n de delitos. Ed McIsaac, Director Ejecutivo de la Oficina del Investigador de Instituciones Penitenciarias del Canad¨¢, se muestra de acuerdo con eso, se?alando que "la situaci¨®n social y econ¨®mica reinante ha influido en la educaci¨®n, la salud y el empleo. Esas son variables de pueden llevar a las personas a tener problemas con el sistema de administraci¨®n de justicia".

Pocos niegan el hecho de que, proporcionalmente, en el Canad¨¢ hay m¨¢s abor¨ªgenes que cometen delitos que no abor¨ªgenes. Sin embargo, hay quienes creen que aparte de los arraigados prejuicios y otros males sociales, tambi¨¦n existe una discriminaci¨®n flagrante por parte de la polic¨ªa y los tribunales. De hecho, de conformidad con el Investigador de Instituciones Penitenciarias, que es un funcionario p¨²blico que desempe?a la funci¨®n de defensor del pueblo en las instituciones penitenciarias federales del Canad¨¢, es evidente que existen algunas formas de discriminaci¨®n sist¨¦mica en la administraci¨®n de justicia, seg¨²n ha indicado el Sr. McIsaac. Lo que complica la cuesti¨®n es que la discriminaci¨®n, conforme a la definici¨®n del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no necesariamente tiene que ser deliberada. Esto significa que las concepciones falsas arraigadas que existen respecto de los nativos, independientemente de lo sutiles que sean, pueden ser consideradas discriminatorias cuando sean el fundamento de actos llevados a cabo por agentes de la polic¨ªa o por jueces. Para los ind¨ªgenas acusados de comisi¨®n de delitos, esto puede significar que se les aplique involuntariamente un perfil racial discriminatorio. Para los ind¨ªgenas sometidos a reclusi¨®n, esa discriminaci¨®n adopta a menudo la forma de medidas de seguridad m¨¢s estrictas y de falta de oportunidades para obtener la libertad condicional, que van acompa?adas de la serie de problemas que provoca tener que estar alejados de la propia casa y de la familia durante largos per¨ªodos. M¨¢s compleja todav¨ªa es la cuesti¨®n de c¨®mo adaptar las pol¨ªticas oficiales a la realidad de la vida de los abor¨ªgenes. "[La discriminaci¨®n] a menudo se produce al aplicarse pol¨ªticas supuestamente neutrales", ha explicado el Sr. McIsaac.

La Sra. Jacobs, ilustra ese problema, en relaci¨®n con la labor que lleva a cabo con las mujeres nativas, diciendo que la gran mayor¨ªa de las abor¨ªgenes sometidas a reclusi¨®n, que representan la cifra asombrosa del 30% de las mujeres recluidas en prisiones en el Canad¨¢, han sido condenadas por delitos relacionados con una adicci¨®n o con actos de leg¨ªtima defensa cometidos en el contexto de la violencia en el hogar. Teniendo presente la elevada incidencia de abusos en los hogares de los nativos y el uso generalizado de drogas y alcohol en sus comunidades, a menudo es dif¨ªcil adoptar una posici¨®n muy dura respecto de esos delitos. Al adoptar los gobiernos nuevas medidas en apoyo de los pueblos ind¨ªgenas, hay muchas personas que han comenzado a plantearse esa paradoja. Es dif¨ªcil encontrar un equilibrio entre la necesidad de responder a la historia particular de los abor¨ªgenes y la necesidad de reprimir el delito en todas las comunidades, independientemente del contexto en que se cometan.

En el Canad¨¢ se ha iniciado recientemente un debate sobre esa cuesti¨®n debido al examen realizado en 2005 por las Naciones Unidas del cumplimiento por el pa¨ªs del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol¨ªticos. En octubre de 2005, el Comit¨¦ de Derechos Humanos observ¨® que hab¨ªa deficiencias en la aplicaci¨®n de ese tratado y pidi¨® al Canad¨¢ que adoptara disposiciones con el fin de proporcionar reparaci¨®n por las violaciones de los derechos humanos cometidas, en especial contra los abor¨ªgenes. El Comit¨¦ inst¨® al Gobierno a que luchara contra la violencia y la discriminaci¨®n sufridas por las abor¨ªgenes y manifest¨® su preocupaci¨®n por la situaci¨®n de las reclusas en el pa¨ªs, especialmente las de origen nativo.

El Comit¨¦ para la Eliminaci¨®n de la Discriminaci¨®n Racial se hizo eco en 2005, en su informe anual a la Asamblea General, de algunas de esas preocupaciones cuando hizo una recomendaci¨®n general sobre la discriminaci¨®n racial y la administraci¨®n de justicia. El Comit¨¦ observ¨® que las tasas proporcionalmente m¨¢s elevadas de comisi¨®n de delitos atribuidas a algunos grupos particulares, especialmente respecto de delitos menores cometidos en la v¨ªa p¨²blica y de delitos relacionados con drogas y prostituci¨®n, eran a menudo un s¨ªntoma de exclusi¨®n social. El Comit¨¦ pidi¨® a los Estados que abolieran las leyes que entra?aban una discriminaci¨®n racial y establecieran programas de sensibilizaci¨®n y capacitaci¨®n de sus funcionarios de administraci¨®n de justicia.

Los Estados que son Partes en la Convenci¨®n Internacional sobre la Eliminaci¨®n de todas las Formas de Discriminaci¨®n Racial deben adoptar una serie de normas en materia de derechos humanos. En virtud de ese tratado, los grupos y los particulares pueden presentar denuncias al Comit¨¦ para la Eliminaci¨®n de la Discriminaci¨®n Racial. La Secretaria del Comit¨¦, Sra. Nathalie Prouvez se?al¨® que esa cl¨¢usula era uno de los mejores medios con que contaba el Comit¨¦ para obligar a los Estados a rendir cuentas respecto del cumplimiento del tratado. Los grupos o los particulares "pueden obtener reparaci¨®n en el plano internacional si no la han recibido en el plano nacional", se?al¨® la Sra. Prouvez. Pero esto s¨®lo sucede si el Estado de que se trate ha ratificado ese tratado, y muchos Estados, incluido el Canad¨¢, todav¨ªa no lo han hecho.

Sin embargo, el Canad¨¢ ha modificado sus propios programas para que las comunidades ind¨ªgenas puedan recuperar su vitalidad. Las iniciativas se han centrado en la idea de que los abor¨ªgenes necesitan la atenci¨®n y protecci¨®n de su propio pueblo para estar a salvo de la discriminaci¨®n en la administraci¨®n de justicia. Ya en 1992 se inici¨® la adopci¨®n de iniciativas innovadoras en los ¨¢mbitos de prevenci¨®n del delito, polic¨ªa e instituciones penitenciarias, con el establecimiento de la Pol¨ªtica de Polic¨ªa para las Primeras Naciones. En virtud de esa Pol¨ªtica, el Gobierno federal y el local y la naci¨®n aborigen trabajan juntos en las labores de polic¨ªa de las tierras tribales. A fin de asegurar que las labores de polic¨ªa de las comunidades nativas se adapten a la poblaci¨®n a la que sirven, las comisar¨ªas, juntas y comisiones de polic¨ªa est¨¢n integradas en su mayor parte por nativos. Aparte de algunos casos excepcionales previamente acordados, todos los agentes de polic¨ªa deben ser personas pertenecientes a las Primeras Naciones.

Los programas de la Pol¨ªtica de Polic¨ªa para las Primeras Naciones se aplican en la actualidad en ocho provincias, con 33 acuerdos sobre polic¨ªa comunitaria en la sola provincia de Saskatchewan. El Gobierno del Canad¨¢ tambi¨¦n ha establecido la Comisi¨®n Real sobre el Pueblo Aborigen y el Comit¨¦ Consultivo Nacional de Abor¨ªgenes, y aplica un programa contra el crimen organizado en las Primeras Naciones. El Sr. McIsaac se?al¨® que los ancianos de las comunidades hab¨ªan estado presentes en las audiencias de concesi¨®n de la libertad condicional a reclusos y reclusas abor¨ªgenes y que era bastante com¨²n la utilizaci¨®n en el proceso de concesi¨®n de la libertad condicional de "grupos de rehabilitaci¨®n". Por otra parte, desde que el Tribunal Supremo del pa¨ªs declar¨® el sobreseimiento del proceso judicial por homicidio instruido contra una ind¨ªgena que hab¨ªa actuado en defensa propia (R. contra Gladue, 1999), los tribunales canadienses empezaron a tener en cuenta en el enjuiciamiento y condena de los acusados los "factores sist¨¦micos o de antecedentes" en el caso de las comunidades ind¨ªgenas.

Muchos expertos siguen preocupados de que los nativos en libertad vigilada despu¨¦s de haber sido condenados por delitos tengan que abandonar sus casas para obtener los servicios sociales que necesitan. La Sra. Jacobs indic¨® que obligar a las abor¨ªgenes a separarse de sus hijos podr¨ªa entra?ar que ¨¦stos sufrieran una falta de apoyo aun mayor y que ello generara m¨¢s delitos o violencias. Pero el Canad¨¢ quiz¨¢s est¨¦ entrando en un per¨ªodo de transformaci¨®n tambi¨¦n en este ¨¢mbito. En un innovador acuerdo celebrado en 2005, el gobierno provincial de Manitoba transfiri¨® todos los servicios de libertad vigilada de las instituciones penitenciarias a las organizaciones nativas. Un acuerdo de esa ¨ªndole significa que los nativos en libertad vigilada pueden ser supervisados por los miembros de sus propias comunidades y permanecer cerca de sus familias.

La Federaci¨®n de Naciones Indias de Saskatchewan, una confederaci¨®n de 74 Primeras Naciones, se encarga de la gesti¨®n de dichos servicios en esa provincia. En 2007, su proyecto experimental de rehabilitaci¨®n de j¨®venes de las Primeras Naciones se ha centrado en los j¨®venes en situaci¨®n de riesgo en dos comunidades de las Primeras Naciones, ocupando su tiempo libre con actividades culturales, pr¨¢cticas tradicionales y comunicaci¨®n con sus conciudadanos nativos. Las actividades de ese proyecto incluyen el programa "Adoptar un anciano", en que se asigna a un joven la labor de acompa?ar a un anciano de su comunidad. La Federaci¨®n ha a?adido recientemente a sus ¨®rganos de asesoramiento un Consejo para promover relaciones adecuadas entre los j¨®venes.

El Sr. McIsaac se?al¨® que, a pesar de las iniciativas de los grupos de nativos y de las autoridades del Canad¨¢, todav¨ªa era necesario superar la brecha estad¨ªstica entre la proporci¨®n de nativos y no nativos en reclusi¨®n; de hecho, los estudios realizados demuestran que esa brecha podr¨ªa aumentar a¨²n m¨¢s en breve plazo. La discriminaci¨®n y el delito son problemas a largo plazo, indic¨®, "y no tenemos soluciones m¨¢gicas". El Sr. McIsaac tambi¨¦n considera que las diferencias en los niveles de educaci¨®n, empleo y servicios sociales deben ser eliminadas a fin de que se puedan lograr otros cambios. La Sra. Jacobs cree que la crisis contin¨²a debido a que muchas pol¨ªticas de prevenci¨®n, polic¨ªa y reclusi¨®n, incluso las que se administran conjuntamente con las comunidades nativas, se basan todav¨ªa en modelos establecidos por el Gobierno. Las Primeras Naciones dependen del Gobierno para su financiaci¨®n, por lo que no pueden todav¨ªa abandonar por completo esos modelos. "Las comunidades est¨¢n trabajando para establecer sus propios sistemas de justicia", indic¨®. Mientras tanto, la ense?anza b¨¢sica sobre los abor¨ªgenes impartida en las escuelas ordinarias del Canad¨¢ podr¨ªa ser de gran utilidad para erradicar la discriminaci¨®n. La Sra. Jacobs considera que "el racismo es ¨²nicamente carencia de educaci¨®n" y que la mayor¨ªa de los canadienses "no tienen ni idea" de todos los problemas con que han tenido que enfrentarse los nativos de sus comunidades vecinas.

Enraizada en problemas sociales y econ¨®micos existentes durante siglos, la discriminaci¨®n de las comunidades ind¨ªgenas es un problema abrumador que requiere soluciones innovadoras y el apoyo de la comunidad internacional. Pero aunque el problema no es en absoluto sencillo, muchos grupos de nativos han demostrado que est¨¢n dispuestos a hacer todo lo posible para darle una soluci¨®n duradera.